En España hay un ataque en toda regla contra la enseñanza concertada por parte de determinados movimientos políticos y sociales. Sin ningún rubor llegan a decir que el dinero asignado a la concertada es un robo a la enseñanza pública, que la concertada es una rareza española o que en los centros concertados se selecciona a los alumnos.
El derecho a la educación reside en la condición de ciudadanos de los alumnos y sus familias, que contribuyen a pagarlo con su trabajo y sus impuestos. El Estado tiene la obligación de hacer efectivo ese derecho de manera equitativa, eficaz y eficiente. Y mira tú por donde que el coste de un puesto escolar público en Galicia, que es desde donde escribo, supera los 6.000 euros, mientras que la cantidad aportada por la Xunta de Galicia a la enseñanza concertada no llega a los 2.500 euros, con datos de la propia Consellería de Educación. Por eso, servicios que en la pública son gratuitos o casi gratuitos se tienen que cobrar en la concertada (el bus, el comedor, las actividades extraescolares, o pedir ayuda a los padres para el mantenimiento y mejora de las instalaciones escolares).
Si hay padres que quieren que sus hijos estudien en la concertada y esto no solo no le cuesta más al Estado sino que le resulta más barato, ¿dónde está el problema? Exclusivamente en la cabeza de algunos doctrinarios, que quieren transformar España según sus criterios absolutistas.