Mis hijas son mayores y no han tenido que pasar la reválida de tercero o de sexto. Si estuviesen en una edad más temprana, cumpliría responsablemente como padre y, por supuesto, acudirían a las pruebas que la ley prescribe (ese es el verbo: prescribir). Y lo haría porque de no hacerlo incumpliría mis deberes ciudadanos. Porque uno los tiene y es preciso preservarlos tanto como nuestros derechos. En eso se fundamentan las grandes democracias del mundo: los deberes, los derechos y la libertad de opinión. Libertad de opinión, digo, no libertad para obviar las obligaciones y la ley. La mitad de los padres han consentido que sus hijos no vayan a las pruebas. Unos, convencidos. Otros, probablemente, presionados por el entorno. Y muchos, tal vez, arrastrados por la inercia. En treinta y un años de función pública en Educación no he visto jamás un desatino mayor.
Quizá a muchos no les parezca grave. Yo, y ya lo he escrito en anteriores semanas, lo considero lo más lamentable que se ha vivido dentro del sistema educativo. Pero no recaiga mi dicterio en la piel de los padres, únicamente. Sino también en aquellos profesores que de modo imprudente e irreflexivo, y absolutamente irresponsable, han dicho en clase: «Quien quiera venir que venga». Como si uno pudiese incumplir la ley cuando le venga en gana. Ya no cito a aquellos que le han dado un giro copernicano al disparate y han colocado excursiones y otras actividades extraescolares los días de las pruebas. Somos un país de insensatos. Y no por esto, solamente, sino por la conclusión final de mi argumentario: hemos convertido la educación en una artefacto político y esta vez, en la cima del delirio, algunos han puesto de escudo a sus hijos o a su alumnado. La doctrina ideológica ensuciando la escuela.
No entro a valorar la ley. He dicho muchas veces que es mejorable. Como lo eran la Logse y sus sucesivas reformas socialistas (no recuerdo desobediencia civil, por ejemplo, al exterminio de las humanidades en la educación). No defenderé ni un ápice el Gobierno de Madrid, que con Wert y Lassalle en Educación y en Cultura han perpetrado la peor gestión cultural de la historia de la democracia. Pero sí debo poner en valor la actuación de la consellería que dirige Román Rodríguez: han actuado con una exquisitez, elegancia y mesura dignas de todo elogio. Permitiendo, en aras de la convivencia, que se haya boicoteado de forma flagrante e indecorosa una ley educativa. No es la mejor, probablemente, pero es la que el Parlamento ha aprobado por mayoría absoluta. Tan legítima como la Logse de 1990. Tanto como cualquier ley que la ciudadanía debe cumplir. No hacerlo vulnera las bases del Estado. O sea, de la democracia.
Algunos padres y sindicatos y profesores han hecho volar más bajo que nunca al sistema educativo: han utilizado a los niños como arma política. Ya solo nos queda esperar tiempos mejores.