Cataluña funcionó, desde finales del siglo XIX, como motor del cambio en España. Lo fue para bien cuando era la vanguardia de la modernidad social, económica, cultural y política; y lo fue para mal cuando fue la espoleta del anarquismo violento y del separatismo insolidario. En nuestros días, a partir de la Transición, también lideró el cambio positivo, cuando inspiró e impulsó el sistema autonómico, y el cambio negativo, cuando propugna el desbarajuste jurídico e institucional, diluye el sentido de legalidad arraigado en los ciudadanos y alienta un batiburrillo político que quieren vendernos como progreso social, democracia participativa y europeísmo.
El problema de fondo no es el independentismo, que no pasa de ser un componente instrumental de la agitación, sino la implantación en la sociedad española de un concepto de ciudadanía que -ya sea en algarada, procesión, manifestación o barricada- está por encima de la legalidad y del Estado, y que cree firmemente en que, cuando se trata de arreglar problemas, se llega antes por los atajos que por los caminos trillados. En Cataluña -como dijo Pérez Royo en V Televisión- ya no rige el Estado de derecho. Y todo empieza a sonar a una epidemia de anarquía jurídica que, si se extiende a toda España, puede ponernos ante situaciones muy comprometidas.
Los Pujol delinquieron y defraudaron desde las instituciones. Los independentistas masacran la Constitución, la gestión pública, el Tribunal Constitucional y la autoridad del Ejecutivo central. El patético Trías, que hizo la transición del Ayuntamiento de Barcelona de los socialistas a Colau, resolvió el problema de los okupas mediante el desprecio al derecho de propiedad y soportando el chantaje del banco expropiado con dinero malversado. Los emblemas de España -himno, bandera y señera- son desterrados del respeto institucional para entronizar la estelada. Los partidos se organizan en frentes independentistas que agitan -desde un Parlamento insumiso- las estructuras del nou Estat. La ciudadanía, manipulada desde la Generalitat, ya comulga con la opresión de Castilla, y con que la liberación solo puede alcanzarse por el desorden. Y en todas partes rige el criterio de que cumplir las leyes y obedecer a las instituciones y usos establecidos es una conducta franquista, clerical, patana y antisocial.
Poco a poco se extiende desde Cataluña la idea de que una ciudadanía insumisa -coaligada con instituciones anárquicas y con un sistema judicial abiertamente populista- van a implantar una España moderna, solidaria, ecológica y paradisíaca. Lo malo es que todos queremos cobrar a fin de mes, tener abiertos hospitales y escuelas, cobrar pensiones más altas y seguir construyendo autopistas. Por eso caminamos hacia un choque de modelos. Y esta película, que ya está muy vista, nunca acaba bien.