La ya inevitable convocatoria de nuevas elecciones generales y el resultado que de ellas se pronostica obliga a concluir que se han lucido los partidos políticos al mantener a toda costa sus respectivas posiciones sobradamente conocidas, impidiendo con ello la formación de un Gobierno tras más de cuatro meses de estériles contactos, que además ni siquiera llegaron a mantenerse entre las dos principales fuerzas políticas del país.
Según los últimos sondeos demoscópicos, que obviamente pueden no corresponder con los verdaderos resultados que se obtengan en la prevista convocatoria del próximo 26 de junio, se volvería a una situación muy similar a la derivada de las elecciones del 20 de diciembre, con lo que la ciudadanía se llenaría de razón para demandar de su clase política un mayor sentido de Estado y para exigirle la consecuente responsabilidad por la infecunda lucha que han mantenido durante el largo período poselectoral los cuatro partidos que recogieron la mayoría del voto tras las ultimas elecciones generales.
Desde esta perspectiva, se echó en falta un elevado sentido de responsabilidad política que hubiera puesto por encima de los particulares y sin duda lícitos intereses partidistas el superior objetivo de conseguir la adecuada gobernación del país, recurriendo a formas de consenso que resultaran válidas y se avinieran a un deseo bastante generalizado en la ciudadanía, que a estas alturas del tiempo transcurrido está harta de la ineficacia negociadora de aquellos en quienes ha depositado su confianza habiéndoles dado una clara línea de orientación política.
Si se parte del incuestionable presupuesto de que ninguno de los partidos políticos concurrentes a los últimos comicios generales celebrados en España obtuvo en los mismos la mayoría de votos suficiente para gobernar en solitario, y que solo las discrepancias entre ellos han impedido finalmente cualquier tipo de coalición, el recurso a un nuevo proceso electoral -por supuesto, escrupulosamente democrático- no viene a resultar la mejor solución, máxime si viene precedido del pronóstico de repetición de un mismo panorama político al existente tras las elecciones celebradas a finales del pasado año.
Para nadie constituyen un secreto los evidentes riesgos a los que se expone el futuro de España tanto desde una perspectiva interna como externa, resultando imprescindible en estos momentos mantener un adecuado equilibrio político que, sin renunciar a las innegables reformas que exige nuestra democracia representativa, evite sin embargo el incurrir en actitudes desproporcionadas que pretenden hacer tabla rasa de todo lo conseguido hasta ahora en los ámbitos político, social y económico.
Resultaría, por tanto, acorde con el buen sentido y con lo que demanda el interés general del país, que los partidos políticos responsables de no haber conseguido un Gobierno para la nación y de llevar a la ciudadanía a un nuevo proceso electoral adoptaran ahora las medidas necesarias de todo tipo para evitar que se reproduzca una situación similar tras las nuevas elecciones, a punto ya de ser convocadas.
Cuáles deban ser esas medidas es algo que concierne a cada partido político en particular y en su adopción ha de ponderarse el interés general del Estado, debiendo servir de referencia el sentir mayoritario de la ciudadanía en los términos que ya quedó expresado y de forma bastante elocuente en el ultimo proceso electoral celebrado.