Los trabajadores españoles pagan como los que más y el Estado español recauda como los que menos. Un sistema impositivo benévolo con las rentas del capital e inexistente para las grandes fortunas, la proliferación de paraísos fiscales al alcance de los espabilados, el confortable refugio de las sicav y la sofisticada ingeniería tributaria -ahora, al aflorar los papeles de Panamá, le llaman asesoría- explican la aparente paradoja. Impuestos de primera y recaudación de segunda, porque en medio están los evasores: los legales que utilizan los resquicios de la ley y los ilegales que roban a manos llenas.
Un reciente informe de la OCDE, el club que reúne a las 34 economías más desarrolladas del planeta, lo deja claro una vez más. Los tributos que penalizan el trabajo en España, impuesto sobre la renta y cotizaciones sociales, son elevados y superan ampliamente la media de los países ricos. El 39,6 % de la nómina de un asalariado español sin hijos fue a parar, en el año 2015, a las arcas de Hacienda o de la Seguridad Social. La cuña fiscal media de la OCDE no llega al 36 %. De cada cien euros que recauda el Estado por todos los conceptos, 58 corresponden a cotizaciones e impuestos sobre el trabajo. Y eso, asómbrense, ocurre en un país con una reducida tasa de actividad y donde más de la quinta parte de los trabajadores nada aportan porque están en paro.
Pese a la elevada carga fiscal que soporta el trabajo, España tiene el déficit público más elevado de la Unión Europea. Y para corregirlo no se les ocurre nada mejor a los Gobiernos -y a Bruselas, en la parte que le toca- que reducir las nóminas. Porque no otra cosa pretende el tándem de la reforma laboral y las políticas de austeridad: devaluar los salarios directos, con el fin de rebajar los costes laborales y mejorar la competitividad, y recortar los salarios en especie que, en forma de prestaciones sanitarias, educativas y de servicios sociales, perciben los trabajadores. Después, cuando se presentan los efectos perniciosos de esa estrategia, viene el FMI, con cara de no haber roto un plato, a recordarnos que sin empleo de calidad flaquea la demanda, acecha el fantasma de una nueva recesión y ni siquiera crecen los ingresos públicos.
Pero esa es otra historia. Hoy, al tiempo que hacemos la declaración de la renta, toca preguntarnos quién paga impuestos en España. No lo hace, o no en su justa medida, el profesional que pregunta «¿con IVA o sin IVA?», nos regatea la factura por el servicio cobrado o solo acepta el pago en efectivo. Tampoco las grandes empresas que, con diversas triquiñuelas -legales, ilegales o mediopensionistas-, se las arreglan para tributar la quinta parte de lo que marca nominalmente el impuesto de sociedades. Ni esa caterva de prebostes que hacen caja en España y negocio bajo las palmeras de las islas Caimán o sobre las moquetas de la banca suiza. Aquí solo pagan sin pestañear, porque la nómina los delata, los bobos que trabajan por cuenta ajena. Los demás viven a cuerpo de rey y a cuenta ajena.