Es más que probable que en el 2016 España recupere el nivel de producción de bienes y servicios que teníamos antes de la crisis. Y, en ese momento, la sociedad española debería preguntarse por qué si ya generamos la misma riqueza que en el 2008 la gran mayoría de la gente vive peor ahora que antes. La respuesta es sencilla: el problema está en la forma en la que se reparte. Si vivimos peor con el mismo nivel de riqueza es porque su reparto es ahora más injusto.
La distribución de la riqueza se realiza en dos fases. En primer lugar, está el reparto primario, que distribuye la riqueza generada en el país entre los salarios de los trabajadores y los beneficios de las empresarios, autónomos incluidos. Desde el 2009 se ha producido una enorme caída en la remuneración de los asalariados que se ha desplazado hacia los beneficios empresariales y a los ingresos del Estado por IVA y otros impuestos sobre la producción. La participación de los salarios en la renta nacional ha caído en 3 puntos (equivalentes a 30.000 millones de euros) mientras que los beneficios empresariales se incrementaron en 1 punto y los impuestos sobre la producción en 2 puntos.
Las razones de esta redistribución de la riqueza en contra de los asalariados se debe a dos factores. El más importante es la intensa destrucción de empleo que hemos sufrido en este tiempo, mucho más fuerte que la caída en la actividad productiva, lo que se traduce en un incremento de la productividad de la que se apropiarnos las empresas. El PIB del 2015 es un 3% inferior al del 2008, pero el empleo asalariado está un 15 % por debajo. El segundo factor es la devaluación salarial de los que trabajan, que afecta al conjunto de los asalariados, tanto públicos como privados.
Esta distribución injusta provoca desigualdad por un lado y pobreza laboral por otro, que se ven agravadas por el retroceso en la actuación reequilibradora del Estado en lo que se conoce como reparto secundario de la renta que se realiza a través de los impuestos y el gasto publico. Con la crisis se ha dado un golpe casi definitivo al modelo de sistema fiscal progresivo en el que pagan más impuestos los más ricos y con eso se financia el gasto social del que se benefician sobre todo los que menos tienen. Ya estaba agrietado antes de la recesión, pero ahora mucho más.
En estos años se ha producido una contrarreforma fiscal que desplazó la carga tributaria hacia los asalariados -vía IVA e IRPF- mientras que se reduce la tributación de las rentas del capital, de lo que es un ejemplo el desplome de ingresos del impuesto de sociedades que grava los beneficios de las empresas. Los menores ingresos del Estado han provocado una caída del gasto público, en especial de la sanidad, la educación, la dependencia y las prestaciones por desempleo que se han reducido en más de 30.000 millones de euros desde el 2009.
La conclusión es evidente: el malestar en el que vive una buena parte de la sociedad española no se justifica por una falta de recursos, sino por la forma en la que se distribuye la riqueza.