La izquierda tiene más votos y más diputados que la derecha en el actual Parlamento y, por eso, su responsabilidad es llegar a un acuerdo de gobierno lo antes posible, acabando, también, con la precariedad institucional. Un Gobierno que ponga en marcha un programa económico y de empleo enraizado en la tradición socialdemócrata del PSOE, en la que tienen cabida muchas de las propuestas que se hacen desde su izquierda. A pesar de lo que se ha visto estos días, este acuerdo no es tan difícil viendo los programas de las diferentes fuerzas políticas. Este acuerdo para un Gobierno de izquierda debería articularse sobre cuatro grandes ejes.
Lo primero, por ser lo más urgente, debería ser la lucha contra la pobreza y la desigualdad, con medidas diversas, desde el compromiso de subir el salario mínimo a 800 euros en el 2017 para combatir la pobreza laboral hasta la implantación de una renta mínima para las familias sin ingresos -con una dotación global de 10.000 millones de euros- que permitiría dar una respuesta efectiva a los problemas de los desahucios y la pobreza energética, entre otros.
El segundo eje sería el compromiso para recuperar gradualmente el nivel de calidad de los servicios públicos básicos y de las prestaciones sociales a lo largo de los cuatro años de la legislatura. Desde el 2009 el gasto sanitario se ha reducido en 9.600 millones de euros, el gasto educativo en 7.400 millones, las prestaciones por desempleo en 13.000 millones, y el apoyo a la familia y la infancia en 2.700 millones, por citar los ajustes más duros. Por lo tanto, no basta con la promesa de no seguir recortando, hay que recuperar en torno a 50.000 millones de euros en los presupuestos de las diferentes Administraciones públicas -de forma progresiva en los cuatro años de legislatura- para volver a donde estábamos en el 2008.
El tercer eje es acabar con la devaluación salarial y la pérdida de derechos de los trabajadores, recuperando un modelo de relaciones laborales más equilibrado, para lo que es imprescindible derogar las dos últimas reformas laborales, apostando por el empleo estable y con derechos, con la recuperación plena de la negociación colectiva y potenciando el acuerdo entre empresas y trabajadores para acordar medidas de flexibilidad interna frente al despido y la temporalidad. Recuperar el poder adquisitivo de los salarios, incluidos los empleados públicos, es la mejor manera de darle solidez al crecimiento económico, nuestro país no puede competir bajando los costes laborales, sino incrementando la productividad.
Recuperar el nivel de gasto obliga a aumentar los ingresos. Y ese debe ser el cuarto eje del acuerdo, una verdadera y profunda reforma fiscal que nos permita alcanzar unos ingresos públicos sobre el PIB iguales a la media de los países de la eurozona. El diferencial actual es de nueve puntos de PIB, equivalentes a 90.000 millones de euros, que tienen que ser aportados por las rentas más altas, en especial las del capital, y la tributación empresarial, al mismo tiempo que se amplían las bases imponibles, disminuyendo el fraude y la elusión fiscal.
Sin duda hay más medidas necesarias, pero estos cuatro ejes son el andamio fundamental para construir sobre él una política económica a favor del crecimiento y del empleo, del bienestar y de la igualdad, que debe servir para propiciar una alianza en los países del sur europeo para acabar con la política de austeridad a ultranza, en la línea de lo que defienden hoy hasta el FMI o la OCDE.