La presencia de una sospechosa de colaboración en fraude fiscal en el banquillo de los acusados debería de ser un hecho de absoluta normalidad, por mucho que se trate de la hermana del rey. Y, sin embargo, la expectación despertada lo convierte en una excepcionalidad. ¿Por qué?, cabe preguntarse.
Porque hasta llegar aquí, hasta llegar a ver a la infanta Cristina al lado de los demás procesados de la operación Nóos, transitamos por senderos repletos de sospechas de amaños, entendimientos y jugarretas que en nada benefician a la Justicia, ya de por sí lastrada por otras muchas decisiones que resultan de difícil comprensión para el peatón medio; de ahí que en esta ocasión mostrase un profundo escepticismo.
No hay que olvidar que hasta aquí se llega pese al papel de abogado defensor que se adjudica la fiscalía y que aún no ha sido debidamente explicado. Se llega después de las denuncias de injerencias y reuniones conspiratorias. Se llega tras argumentaciones tan irrisorias como la de que el amor es ciego y después de que un presidente de Gobierno se precipite a defender la inocencia de la infanta cuando todos intuíamos que «lo lógico era colaborar» con Nóos, como ayer mismo confirmó el olímpico Pepote.
Cuentan que Felipe VI pidió a una alta instancia judicial el mismo trato para su hermana que para cualquier otro ciudadano y que aquella no pudo complacerle por un compromiso anterior con el rey emérito. Nadie lo desmintió todavía.
Por eso, porque han sido tantas las sospechas y fueron tantas las idas y venidas, es tranquilizador ver a la infanta en el banquillo. Y una necesidad. Para los ciudadanos. Y también para la Justicia. Para que se enjuague la cara y la conciencia.