Las maniobras de Mariano Rajoy para salvar su propia piel política -fino toreo de salón- no son precisamente de mucha ayuda en la delicada situación del país. Tras estas semanas perdidas, ahora es Pedro Sánchez quien tiene el deber de intentar lo que inicialmente se esperaba de él -un Gobierno de profundo cambio-, y debe hacerlo buscando un acuerdo con las fuerzas renovadoras que parecen haber venido para quedarse durante un largo período en la política española. Si lo consiguiera tendría mérito, sobre todo por el empeño dinamitero de algunos inefables sectores de su partido. Creo, sin embargo, que la operación es tan difícil que finalmente no saldrá, por lo que habrá de encontrarse una salida de última hora -ya sea un Gobierno del PP sin Rajoy y bien atornillado por la oposición, ya un Gobierno técnico a la Monti- para evitar el desastre de unas nuevas elecciones, que seguramente no traerían un escenario muy diferente del actual, y sí la dilapidación de un tiempo precioso.
Ese Gobierno, en cualquier caso, lo sería para un tiempo extraordinario, muy alejado de lo que entendemos por «política normal», pues el panorama es de auténtica urgencia nacional. Y no me refiero solo al desafío separatista o al desempleo que ocho años después aún no baja del 20 %. Los últimos años dejan un legado de retroceso en múltiples campos: en la educación, en la innovación, en la antes modélica sanidad pública. Pero también, y de un modo muy destacado, en nuestro sistema de instituciones.
De este último punto se suele hablar de forma sumaria, sin entrar en mayores precisiones y datos. Hay sin embargo algunos estudios comparativos internacionales que, a pesar de la dificultad de interpretación que tiene ese tipo de variables, son muy útiles para hacernos una idea de la entidad real del problema. El más conocido es el «índice de percepción de la corrupción» que elabora Transparencia Internacional, cuyo último informe coloca a España en un poco distinguido lugar 36 del mundo, habiendo retrocedido siete puestos desde el 2007. Mucho peor es la situación que dibuja el también reciente Global Competitiveness Report 2015-16, un informe que suelen estudiar con mucha atención los inversores internacionales. Leyéndolo nos enteramos de que en cuanto a variables institucionales (de gran importancia para la capacidad competitiva de cualquier economía), España ocupa el lugar 65 del mundo (frente al 43 en el 2008), impropio de un país desarrollado. Más doloroso es el detalle de algunas de esas variables: por ejemplo, «independencia judicial», posición 84; «favoritismos en las decisiones del Gobierno», 78; «confianza pública en los políticos», 108; o «derroche en el gasto público»; ¡posición 111! Seguro que detrás de estas cifras hay algún error de cálculo, pero su contundencia deja pocos márgenes para la duda. Se trata de auténticas sogas: tarea inaplazable del próximo Gobierno será trabajar para romperlas.