La para muchos sorpresiva renuncia de Mariano Rajoy al ofrecimiento regio de proponerlo ya como candidato a la presidencia del Gobierno de España, por entender que en estos momentos no cuenta con el respaldo parlamentario necesario para ser elegido, se revela llena de sensatez y coherencia, sobre todo porque no conlleva una renuncia a una posible investidura ulterior, si llegara a reunir los votos necesarios para ello en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, la decisión del rey Felipe VI de no proponer de momento otro candidato distinto para esa presidencia e iniciar, en cambio, una nueva ronda de consultas con los representantes de los distintos partidos políticos con presencia en el Parlamento, se enmarca en el ámbito de la función institucional que constitucionalmente le corresponde y se revela en este caso como muestra muy elocuente del papel moderador que incumbe a la Corona.
El resultado de las elecciones del 20D no otorgó a ninguno de los partidos políticos una mayoría suficiente para poder formar Gobierno en solitario, por más que se advierta una manifiesta diferencia en votos entre ellos, con una destacada posición del Partido Popular, al que sigue, con 1.700.000 menos, el Partido Socialista. En una situación así, se abre inevitablemente la necesidad de conseguir pactos poselectorales. Y bajo el pretexto de un cambio de signo progresista en la política de este país que se atribuye más o menos gratuitamente al resultado electoral cosechado, con el consiguiente abandono de principios y estilos de actuación pública, se puede llegar a combinaciones de Gobierno o de legislatura que comporten la adopción de actitudes y comportamientos por parte de quienes han de asumir la representación institucional del pueblo español que, en sí mismos, conlleven aspectos más de rebelión propiamente dicha y no de progreso en su genuina acepción.
De aquí que cuando por algunos de los líderes políticos se propugna la implantación de un Gobierno progresista, resulte necesario matizar que para conseguir la pretendida y sin duda necesaria modernización del sistema democrático que viene estando vigente en España desde hace ya casi cuarenta años, no hace falta adoptar determinados dogmas o comportamientos, de por sí desproporcionados cuando no ya trasnochados, los que además no se compaginan con los existentes en la mayor parte de países de nuestro entorno europeo.
Es cierto y se viene repitiendo incesantemente que el Estado social y democrático de derecho que implantó la Constitución de 1978 precisa, a esta altura del tiempo transcurrido, de imprescindibles reformas que lo adapten a las exigencias y demandas del momento presente. Pero lo que por elemental coherencia jurídica no se puede admitir es desconocer ya sin más su existencia y adoptar conductas públicas en modo alguno ajustables a la pervivencia del mismo en los términos en que hasta ahora aparece implantado. En este sentido, comportamientos tales como los protagonizados en los actos de juramento y promesa del último presidente de la comunidad autónoma de Cataluña o por algunos de los diputados electos para el Congreso se inscriben en el ámbito de una actitud de rebeldía para nada identificable con un progresismo propiamente dicho. Otro tanto cabría decir de algunas muestras escenográficas en el acto constitutivo del Parlamento español, que no se compaginan con la seriedad y el decoro institucional requerido en cualquier país de nuestro entorno occidental.
De aquí que las alianzas poselectorales deban ser muy meditadas y tengan que hallarse despojadas de cualquier espurio interés personal o partidista si de verdad se quiere que este país avance por sendas de progreso, de modernidad y de verdadera justicia social. No basta con el repudio de políticas desgastadas por el paso de tiempo o que se revelan poco acordes con las exigencias de una democracia transparente en la que se pueda ver reflejada la verdadera voluntad ciudadana, sino que es necesario aquilatar bien cuál va a ser el designio que anima al posible socio político para evitar luego fracasos o desviaciones que resulten difíciles de enmendar.
En este sentido, la responsabilidad de todos los partidos políticos es enorme y requiere unas grandes dosis de patriotismo, sensatez y equilibrio, en aras a conseguir para España el Gobierno que en estos momentos mejor pueda encauzar su futuro tanto a nivel interno como internacional.