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DESDE LA CORTE

En el fondo, vergüenza de la ley

14 de enero de 2016. Actualizado a las 05:00 h. 76

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La liturgia y las palabras de los actos de jura o promesa de cargos públicos no son ninguna broma, aunque lo parezcan. Son la expresión de un compromiso «por conciencia y honor» con la misión encomendada. En la inmensa mayoría de los países se hacen con toda solemnidad, con toda seriedad y con todo rigor. En España hay ocasiones en que parecen un concurso de ocurrencias para demostrar quién es más ingenioso o quién se las apaña mejor para lograr la cuadratura del círculo: comprometerse con el sistema, pero que no lo parezca; bordear la legalidad sin provocar al fiscal y mostrar una cierta rebeldía, pero sin arriesgarse a perder el sueldo que acompaña al cargo oficial.

Todo empezó hace muchos años, cuando los diputados de Herri Batasuna, aquellos pacíficos y tolerantes demócratas, decidieron acatar la Constitución «por imperativo legal». Hubo tal lío, que el propio Congreso llevó el caso al Constitucional. Ese tribunal sentenció que la fórmula batasuna era válida, y a partir de ahí se puede decir lo que se quiera para disimular el acatamiento de la legalidad. Lo visto ayer en el Congreso y en el Senado lo demuestra. Unos dijeron aceptar la Constitución para cambiarla. Otros lo prometieron «hasta la república catalana». Los de En Marea terminaron con el portugués «o povo é quem máis ordena». Los de Podemos saludaron con el puño en alto, como si estuvieran en un mitin. Y bastantes llevaban una chuleta para saber lo que tenían que decir, como los malos estudiantes.

No hay por qué dramatizarlo. No dramatizo siquiera la actitud del nuevo presidente catalán, que sí prometió lealtad al rey y a la Constitución cuando recogió el acta de diputado en octubre, pero retiró esa lealtad tres meses después. Seguramente tiene una explicación: en octubre solo era alcalde y parlamentario, ahora es el nuevo mesías y un mesías no puede andar por ahí proclamando lealtades a seres humanos como son los reyes. Y además, qué diablos: yo no soy juez. Solo sé que hay una Ley de Régimen Electoral que obliga a los cargos electos a acatar la Constitución, pero la Generalitat incumple tantas leyes sin que pase nada, que por una más tampoco va a pasar.

Me preocupa otra cosa: la pérdida de las formas, cuando las formas son parte esencial de la democracia. Me preocupa que demasiados cargos públicos, que cobran salarios públicos, sientan vergüenza de asumir la legalidad. Me preocupa que las leyes se burlen en el mismo escenario donde se redactan y aprueban. Me preocupa ese clima del «todo vale», que se asentó también en las instituciones. Y me preocupa la poca personalidad de gran parte de esos diputados, que ni se molestan en decir algo propio ni en aprender de memoria lo que van a decir.

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