Hacienda somos todos... menos la princesa

Fernando Salgado
Fernando Salgado LA QUILLA

OPINIÓN

12 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Nos equivocamos, y yo el primero, al interpretar el significado del juicio del caso Nóos que comenzó ayer. No se trata de dilucidar si la Justicia es igual para todos, como afirmó el rey Juan Carlos en una Nochevieja, o si existe doble vara de medir, en función de la cuna, el patrimonio o el poder del sospechoso. Hace tiempo que el pueblo soberano dictó sentencia al respecto. Vas a la Facultad de Derecho, enuncias el principio de que la Justicia utiliza siempre idéntico rasero y los alumnos de primero se te ríen en la cara. Lo dices en la barra del bar o en rueda de cofrades, y los contertulios se compadecen de tu ingenuidad. Todos saben, menos tú, que a los poderosos se les aplica la doctrina Botín y demás argucias exculpatorias. Y al desaharrapado que saca los pies del tiesto, la doctrina Atutxa y demás agravantes que vienen al caso.

Pero en todo esto no hay novedad. Ni siquiera me sorprende que la Abogacía del Estado y la Fiscalía, al unísono, se hayan puesto a defender con uñas y dientes la inocencia de la infanta Cristina. Admitamos -somos ingenuos, ya lo hemos dicho- que les asiste la razón jurídica. Lo que realmente me asombra es el argumento empleado por la abogada del Estado, Dolores Ripoll, para exculpar a la princesa e invalidar de paso la acusación popular: un delito fiscal solo perjudica a Hacienda, no a los contribuyentes ni a los españoles en general. El lema «Hacienda somos todos» solo es publicidad, dijo Ripoll. Lo que se juzga es un asunto entre la infanta y la Agencia Tributaria; y como esta no se considera perjudicada, no hay acusación y el caso debe ser archivado.

Durante cuarenta años hemos vivido engañados. El embuste lo perpetró Francisco Fernández Ordóñez en 1977 y lo perpetuaron todos los ministros del ramo hasta nuestros días. Fue Fernández Ordóñez quien, a raíz de la reforma fiscal que apadrinó, acuñó el famoso eslogan: «Hacienda somos todos». Y añadió, para reforzar su máxima: «Aquí paga hasta el Rey». Y todos lo creímos. Se nos convenció de que sisar un euro a Hacienda significaba robarle la atención médica, el colegio o la pensión al vecino. Pero no. Ha venido la Abogacía del Estado a recordarnos que la Agencia Tributaria funciona como un banco: puede usted atracarlo a punta de pistola y arramplar con el botín sin que los depositantes salgan perjudicados. Si, por encima, el banquero o la Agencia dicen que aquí no ha pasado nada, miel sobre hojuelas. Todos felices.

Probablemente la infanta salga de rositas, sin más secuelas que el mal trago de sentarse un día en el banquillo. Pero yo, como mantengo mi plena confianza en la Justicia -ingenuo hasta el fin-, sé quién ocupará su lugar en el potro de tortura: la Agencia Tributaria o, subsidiariamente, el Estado. Acaba de autoinculparse, cuando menos de un delito de publicidad engañosa (véase el artículo 4 de la Ley General de Publicidad). Sostuvo durante casi cuarenta años que Hacienda somos todos y ahora reconoce el fraude: se refería solo a los pringados.