No hace falta confesarlo, pero lo hago: ya no tengo edad para ponerme a estudiar por qué se derrumba una empresa tan importante como Abengoa, que pasaba por ser un orgullo de la tecnología nacional más avanzada y con fuerte presencia multinacional. Solo sé lo elemental: que sus dificultades eran visibles desde hace tiempo en la Bolsa; que pareció resucitar cuando otra empresa decidió entrar en su capital con una importante inversión y que cayó con estrépito cuando esa otra empresa se arrepintió y dio marcha atrás, quizá al descubrir las deudas de Abengoa.
Lo siguiente que sé es lo mismo que el más desinformado de mis lectores: si finalmente se produce la quiebra, será la más grande de la historia. Para los bancos acreedores será un palo importante. Para la ingeniería española, un factor de desprestigio. Para los pequeños accionistas, otra pedrada. Para los estudiosos, un elocuente ejemplo de cómo el apalancamiento puede conducir a la ruina por excelentes que sean las apariencias. Y para los auténticos responsables de la gestión de la compañía, un magnífico regalo depositado en su cuenta corriente: las indemnizaciones por cese de sus directivos suponen unos veinte millones de euros. Solo uno de ellos, Felipe Benjumea, ha logrado que se premie su gestión con 11,5 millones: una cantidad más proporcional al tamaño de la quiebra que a la relevancia de los servicios prestados.
El juzgado dirá si hay delito en el contrato que permite esa entrada voluptuosa en la caja. Lo que sí hay es un escándalo. La doctrina política de estos tiempos electorales dice que la futura creación de empleo dependerá de la continuidad de la reforma laboral. Los emprendedores recibirían muy mal una nueva reforma que suponga subir la indemnización por despido. Condicionados por ese riesgo, los socialistas están atenazados y no saben si prometer que retirarán la reforma porque lo piden sus militantes y votantes o la mantendrán por la presión de los empresarios y la doctrina oficial. Cobrar 45 días de un sueldo medio por año trabajado hace temblar la economía. Cobrar 30 días es ahuyentar a los creadores de empleo. Cobrar 20 días sigue siendo muy caro cuando las patronales siguen presionando para que se abarate el despido.
Esa es la doctrina que triunfa en vísperas de las urnas. Los portavoces del Gobierno la exponen con entusiasmo para atribuir a su política la creación de empleo. Si un partido (el PSOE, por ejemplo) dice lo contrario, le llaman populista y le atribuyen la voluntad de provocar un paro masivo. Si un cronista se escandaliza por el cobro de 11,5 millones por una gestión ruinosa, quizá dolosa, le llamarán demagogo. Quizá esta sea la auténtica crisis del pensamiento social.