El Tribunal Constitucional (TCE) resolvió ayer los recursos de amparo planteados por Ciudadanos, el PSC y el PP tal y como resultaba previsible: aceptándolos a trámite y denegando la suspensión del acto del Parlamento catalán, que era el auténtico objetivo que los recurrentes perseguían. El TCE ha hecho, así, lo que en derecho procedía, tal y como este periódico, en una magnífica crónica de Enrique Clemente, había ya adelantado a sus lectores. Eligió, pues, mal día el exlendakari Ibarretxe, salido, de pronto, como un fantasma, de las gargantas del pasado, para decir esa malvada tontería de que el tribunal es un «árbitro político comprado».
La pretensión de los amparos era detener, aunque solo fuera por un tiempo, la celebración del pleno del Parlamento que dará casi con toda seguridad el visto bueno al comienzo del proceso de secesión de Cataluña. Bienintencionada, aunque, me temo, ilusa pretensión.
Ilusa, sí, pues, o los secesionistas aplican ya el criterio de racionalidad que permite resolver cualquier conflicto político o social (el que lleva a retirarse a los que saben que no tienen posibilidad alguna de ganar), o el grave enfrentamiento entre quienes tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de las leyes y quienes llevan meses actuando como si estas no existiesen está servido. Inevitablemente servido.
Por eso, puestas las cosas ya en el punto en el que están, hay que traer hoy a colación la sabia enseñanza de Maquiavelo, que he oído citar a Xosé Luís Barreiro en muchas ocasiones. Convenientemente adaptada a la situación en la que estamos, la reflexión que el florentino hace en El Príncipe no tiene discusión: que nunca debe permitirse un desorden para evitar un conflicto, porque en realidad no se evita, sino que se aplaza el conflicto con desventaja propia.
Si los secesionistas se empeñan, y parece que lo están, no quedará otro remedio que pararlos echando mano del artículo 155 de la Constitución. ¿Cuándo? En cuanto, una vez suspendida por el TCE la resolución que pone en marcha la secesión, sus impulsores desobedezcan esa segura suspensión.
Podríamos, claro está, seguir jugando al gato o al ratón o, como cuando éramos niños, a aquel tonto desafío del «¡atrévete a cruzar esta raya!». Hacerlo, como ya sabía Maquiavelo, y resulta de una obviedad apabullante, solo serviría para fortalecer las provocaciones de los que parecen convencidos de que nadie evitará un golpe de Estado anunciado por tierra, mar y aire.
Por ello, esto tiene que acabarse: el límite final tiene que ser la desobediencia a la suspensión por el TCE de la resolución para la secesión que el lunes aprobará el Parlamento catalán. Tras esa gravísima e intolerable violación de la regla más elemental del Estado de derecho -el cumplimiento de la ley- habrá que parar en seco a los secesionistas porque se habrán pasado, literalmente, de la raya.