Con España está pasando lo mismo que con Pescanova, que cuando todos creíamos que era nuestra multinacional de referencia y el negocio del siglo, estaba en quiebra. Por eso me temo que cuanto antes entremos en administración concursal más posibilidades tendremos de salvar este tremendo fiasco.
España, que es una nación inmemorial y el Estado inalterado más viejo de Europa, acaba de sufrir una OPA interior cuyo planteamiento y evolución resulta impensable no ya en otros viejos Estados -como Francia o Portugal-, sino en países que en su configuración actual tienen menos de siglo y medio, como Italia y Alemania, o que fueron paridos en medio de espantosas guerras, sanguinarios genocidios y con fragmentaciones arbitrarias de sus comunidades lingüísticas, étnicas y religiosas. Nuestra diversidad no es mayor que la de Italia, Bélgica o Alemania. Nuestro siglo de transición del antiguo régimen a la democracia liberal se parece mucho a lo ocurrido en gran parte de Europa. Nuestro constitucionalismo tiene más solera y brillantez que el de Austria o Alemania, que hace menos de un siglo aún tenían emperadores autoritarios y militaristas. Y nuestro modelo descentralizador ha avanzado en solo 40 años hasta equipararnos a los Estados federales más avanzados. Y por eso hay que preguntarse con seriedad qué nos pasó.
Pues pasó que en el momento de mayor gloria, que fue la transición, en vez de hacer una Constitución clara y bien definida, con pesos y contrapesos, que concibiese el sistema político como una adecuada canalización de los diversos ideales y aspiraciones de los territorios y los pueblos, lo sacrificamos todo -acertadamente- a la idea de consenso. Y, en vez de fiar el futuro a normas estrictas de circulación democrática, lo hemos dejado todo, especialmente la cuestión territorial, en manos de una lealtad constitucional que en aquel momento nos parecía abundosa e insobornable.
Pero la lealtad constitucional, sin garantía legal, es un trágico engaño. Y algunos la han aprovechado desde el principio para crear sus mitos, agazaparse en la liberalidad del Estado y esperar el momento de dar el zarpazo. Y solo ahora nos percatamos de que lo que en cualquier país europeo sería impensable, o podría solucionarse con un auto de un tribunal o un decreto del Gobierno, en España significa la humillación del Estado a manos de los más osados, y un complejo general de ineficacia y fatalismo que nos obliga a contemplar nuestro propio suicidio «respetando» la locura. Y lo peor es que, no queriendo asimilar este diagnóstico, todos los brujos insisten -Sánchez el primero- en repetir el error: más flojera constitucional, más complejo de ilegitimidad del Estado, menos ley y más oportunidades para la osadía. Porque vivimos un momento en el que pocos saben distinguir el patriotismo de la contumacia.