En los tres últimos años, el Gobierno del PP ha sacado 35.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para cubrir el déficit que cada ejercicio tiene el sistema desde el 2012. Más allá de la valoración de la gestión del Gobierno, la crisis que estamos sufriendo -con su correlato de destrucción de empleo y devaluación salarial- agrava las dificultades de nuestro sistema público de pensiones para equilibrar sus cuentas. En la mayoría de los análisis sobre su sostenibilidad, los argumentos se centran en la ratio entre cotizantes y pensiones, esto es, entre trabajadores activos y jubilados. Este es, sin duda, un dato relevante porque la intensa destrucción de empleo que venimos sufriendo desde el 2008 ha reducido los ingresos, mientras aumentan tanto el número de pensionistas como la cuantía de la pensión de quienes se jubilan.
Pero hay otro dato de la misma relevancia que, sin embargo, nunca se cita cuando nos amenazan con la quiebra del sistema: la reducción de los salarios. Porque lo relevante no es comparar cotizantes y pensionistas, sino lo que cotizan los activos y lo que cobran los jubilados. En España, la devaluación salarial está generando un problema que, de no atajarlo, pronto repercutirá muy gravemente en las cuentas públicas. Veámoslo con cifras.
Un asalariado que gane unos 2.500 euros netos al mes llega a la base máxima de cotización de la Seguridad Social, que es de 3.606 euros. El tipo de cotización conjunto -empresa y trabajador- es del 28,30 % para las contingencias comunes, básicamente incapacidad temporal y, sobre todo, pensiones. Con este nivel de salario y de cotización, la Seguridad Social ingresa 1.020 euros al mes, de forma que un solo cotizante podría pagar la pensión media, que es de 1.035 euros en doce pagas, aunque es cierto que la de jubilación es superior a esta cifra, que incluye el resto de pensiones (por ejemplo, la de viudedad) sensiblemente más bajas.
En el extremo contrario está el trabajador que cobra el salario mínimo: tiene una base de cotización de 756,6 euros mensuales y, por lo tanto, apenas ingresa 214 euros en la tesorería de la Seguridad Social. En este caso, hacen falta cinco cotizantes para pagar cada pensión, lo que demuestra la importancia capital del nivel salarial del país.
Pero la precarización de las condiciones de trabajo en España está extendiendo una situación que queda incluso por debajo del salario mínimo: es el trabajo por horas, los contratos a tiempo parcial, que, en el caso de las mujeres, ya alcanza el 21 % en el sector privado. Repitiendo el cálculo anterior, una persona que cobre 400 euros genera una cotización de apenas 130 euros al mes, por lo que harían falta casi ocho cotizantes para pagar una sola pensión. Deteriorar el trabajo es un error enorme para un país que forma parte del pequeño grupo de los más desarrollados del mundo. Un error a corto plazo porque genera trabajadores pobres, incapaces de vivir de forma independiente con su salario; y un error a largo plazo porque hace insostenible nuestro modelo social.