Imaginemos que una médica, un bombero o un policía se negasen a trabajar el domingo que les tocase hacer turno de guardia alegando que son católicos y que sus creencias les impiden trabajar en un día de descanso según su religión. Imaginemos, luego, que, frente a la orden de que cumpliesen sus obligaciones laborales, los afectados decidiesen acudir a un tribunal alegando la libertad religiosa garantizada por la Constitución. E imaginemos, finalmente, que ese tribunal les diera la razón.
Las consecuencias de ello serían dos: por un lado, el inicio de una dinámica social que se sabe dónde empieza pero no dónde podría terminar, aunque muy probablemente en el caos más absoluto; por el otro, la fijación de un principio altamente discutible sobre el significado de la libertad religiosa, que no consiste, como cree mucha gente en nuestro país, en darle caña a los católicos y privilegiar a todas las demás religiones o incluso sectas religiosas existentes en España, sino en hacer compatible el ejercicio de cualquier religión con el principio constitucional de que ninguna confesión tendrá carácter estatal, de modo que nadie puede pretender que sus creencias prevalezcan sobre las obligaciones que le competen como ciudadano de un Estado no confesional.
No lo cree así el Tribunal Supremo, que, en una sentencia más que discutible, acaba de aceptar el recurso de una joven de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que se negó a concurrir un sábado, por razones religiosas, a unas oposiciones de la Xunta. Esta, a mi juicio con razón, no atendió su negativa y el Tribunal Superior de Xustiza confirmó la decisión del Gobierno autonómico, decisión que ha sido ahora anulada, sentando un peligrosísimo precedente, por nuestro Tribunal Supremo.
Paralelamente, mientras a la joven adventista se le garantiza el increíble privilegio de no examinarse, por motivos religiosos, cuando deben hacerlo los demás opositores, un famoso cantante estadounidense, Matthew Paul Miller, Matisyahu, de religión judía, es vetado de un modo vergonzoso en el festival de música reggae Rototom de Benicasim (que recibe dinero público) por negarse a hacer una declaración previa a favor del Estado palestino. Miller ha sido el único de los participantes en el festival a quien se le ha pedido declarar sobre su ideología y creencias, en clara violación, ¡ahora sí!, de la libertad ideológica y religiosa garantizada por la Constitución. Y ello no porque Miller fuera israelí, que no lo es (es norteamericano) sino ¡por ser judío!
Tal escandalera lo es más, si cabe, porque el trato ilegal e infame dado a Miller solo se explica por la misma apestosa corrección política que hace posible entender que una joven adventista se le permita hacer lo que no se le toleraría, con toda la razón, a una médica, un bombero o un policía de religión católica.