Si una persona que conduce a 240 kilómetros por hora es multada por la Guardia Civil, nadie entendería que se criticase la sanción alegando la estupidez de que aquella solo pretende provocar un choque de trenes con el imprudente conductor. Si en un comercio nos engañan, cobrándonos más de lo debido, constituiría una mamarrachada suponer que la legítima protesta de quienes sufrimos tal abuso es una forma de provocar un choque de trenes con el que trata de metérnosla doblada. Si un diputado es condenado por cometer un delito, las carcajadas del respetable serían formidables si intentase defenderse alegando que el Tribunal Supremo está provocando, mediante su sentencia, un choque de trenes con el poder legislativo. Los ejemplos, claro, podrían multiplicarse ad infinitum.
Ocurre, sin embargo, que esa lógica sensata, que todo el mundo entiende cuando se trata de asuntos cotidianos en los que se enfrentan, de un lado, quienes violan la ley y, de otro, quienes tienen el deber de aplicarla para restablecer la legalidad que ha sido vulnerada, deja de funcionar para los millones de personas que, en gran parte por puro sectarismo de partido, llevan mucho tiempo convencidas de algo delirante: que en Cataluña está a punto de producirse un choque de trenes entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat o, según otras versiones de lo mismo, entre el PP y los nacionalistas catalanes.
Para entendernos: según esta visión políticamente deformada hasta extremos indecentes, la actitud de un Gobierno que hace lo que debe -pues la Constitución y las leyes se lo exigen- para que una y otras sean respetadas, es equivalente a la de quienes llevan años planificando pasarse esa misma Constitución y esas mismas leyes por el arco del triunfo. Vamos, que el defensor de la vigencia del Estado de derecho conduce un tren y quien va a todo meter contra la vigente legalidad democrática guía el otro, sin que de tal situación quepa hacer, según parece, otro juicio político y moral que el de que ambos van camino de un choque catastrófico.
Pues no. Si ustedes me lo permiten, la metáfora resulta, por falsa, estúpida y marrullera, sencillamente inaceptable. Es más, esa metáfora, que a la actual dirección del PSOE le está sirviendo para no tomar partido entre quienes defienden la ley y quienes la violan una y otra vez, quizá con la esperanza de que los primeros se achicharren en el intento, constituye una forma suicida de afrontar un gravísimo conflicto en el que ni de lejos hay dos partes cuyas posiciones puedan considerarse equivalentes.
Sostenerlo así supone engañar a muchos millones de españoles, contribuye a que el desafío secesionista se crezca cada día y prepara el camino para un enfrentamiento a cara de perro en el que el PSOE, al fin, ¡ay!, deberá tomar partido: o por el respeto a la ley o contra él.