En mala hora dijo Rajoy que ya nadie habla ni se preocupa del paro en España. Con esa afirmación, el presidente demuestra que desconoce la realidad de su país y la vida de la gente. Basta con consultar los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) para darse cuenta de que no sabe de lo que habla.
En el primer trimestre del 2015 hay en España 4.322.000 hogares en los que por lo menos uno de sus miembros está en paro; o, ciñéndonos a la definición del INE, una persona que no tiene trabajo pero que lo busca activamente. En el 80 % de esos hogares hay una persona desempleada, pero hay más de 900.000 familias con dos o más de sus miembros en esa situación.
En España -si excluimos los hogares en que todos sus miembros son inactivos, fundamentalmente pensionistas- hay 13.413.000 hogares con personas que participan activamente en el mercado de trabajo, es decir, tienen empleo o lo buscan. Por lo tanto, en el 32 % de las familias activas, por lo menos uno de sus miembros no tiene trabajo: en uno de cada tres hogares con personas activas el paro es una preocupación de la que se habla todos los días.
En estos hogares viven 13.693.000 personas que conforman, por lo tanto, el universo de las afectadas directamente por el drama del desempleo: lo sufren ellas o alguien de la familia con quien comparten domicilio. No es extraño, entonces, que el 80 % de los ciudadanos sigan considerando que el desempleo es el principal problema del país, por mucho que Rajoy crea que ya nadie habla de él.
La estadística oficial del INE revela las situaciones extremas dentro del drama del desempleo. Ahora mismo, mientras aún resuena el eco de la necedad de Rajoy, hay en España 1.794.000 hogares en los que nadie consigue trabajar a pesar de intentarlo de forma activa. En estas unidades familiares viven 4.675.000 personas. Lógicamente, no todas ellas están en paro, porque en estos hogares también viven personas inactivas. Pero el dato es ese: en 1,8 millones de hogares viven 4,7 millones de personas que están en edad de trabajar y quieren hacerlo, pero no encuentran un empleo.
Descendiendo un último peldaño por la escalera del sufrimiento, llegamos a los 771.000 hogares en los que no hay ni empleo ni ingresos. Por difícil que le resulte de entender a Rajoy, en el país que él (des)gobierna hay casi 800.000 familias, integradas por 1.568.000 personas, en las que acaba el mes y no entra ningún ingreso: ni salario, ni pensión, ni prestación por desempleo, ni subsidio, nada.
Esta situación es insoportable para las personas e inconcebible para un país de la Unión Europea. El compromiso con estos millones de personas tiene que ser el de darles una oportunidad de empleo y, mientras no se puede, proporcionarles unos ingresos mínimos que las saque del riesgo de la exclusión social y de la pobreza. Por eso CC.OO. y UGT hemos puesto en marcha una iniciativa legislativa popular para implantar una prestación de ingresos mínimos que pretende proteger a muchas personas excluidas hoy de la cobertura por desempleo, en especial a las que no tienen ningún tipo de ingresos.
Se trata de una prestación equivalente al 80 % del IPREM (426 euros mensuales) destinada a personas que llevan más de un año en desempleo, que carecen de rentas y que no reúnen los requisitos para acceder a prestaciones contributivas o asistenciales de cualquier tipo.
El número potencial de beneficiarios se estima en dos millones, por lo que el coste anual del programa sería de 11.000 millones de euros, el 1,1 % del PIB, una cantidad perfectamente asumible, sobre todo si se tiene en cuenta que el gasto en desempleo se ha reducido en más de 9.000 millones de euros en los últimos años. Con devolver lo que se recortó estos años ya se financiaría el 80 % del coste del programa.