El Parlamento gallego aprobó por unanimidad la ley de garantías de enfermos terminales, una norma destinada a regular la libertad en el proceso de la muerte y que de paso facilita las cosas a los profesionales sanitarios, que sufrían un vacío legal a la hora de ayudar a morir de forma digna a sus pacientes. No obstante, no acabo de entender la actitud del parlamentario popular Miguel Santalices a la hora de criminalizar y tachar de ambiguo el término «muerte digna». ¿Ambiguo? Todo lo contrario. Es un concepto claro y preciso. La determinación de un enfermo que sabe a ciencia cierta que su fin está próximo, y que llevará aparejados sufrimientos importantes e innecesarios, de optar por morir rodeado de los suyos y padeciendo lo menos posible. ¿Para qué mantener la agonía de un ser humano que quiere dejar de sufrir? A ninguno nos preguntan si deseamos venir a este mundo, por lo que tampoco debieran ponernos trabas a la hora de pretender adelantar nuestra marcha para evitar que nuestros seres queridos nos recuerden en tan dramática situación. Nadie es quién para decirle a un semejante cómo tiene que morirse. Es una opción personal de todas y cada una de las personas enfermas terminales y me parece un escándalo que determinados políticos rebosantes de salud vengan a sentar cátedra al respecto.