El primer año del Rey ha sido valorado de una manera positiva en los sondeos publicados: desde el punto de vista personal con suficiente mayoría que permite descontar errores y desde el institucional con una amplitud que resulta todavía más encomiable si se compara con otras instituciones del Estado. Los dos aspectos van unidos y eso es lo que proporciona especial estima a la apreciación revelada. El énfasis que se ha puesto en ella en las manifestaciones hechas públicas en medios de comunicación, más allá de lo que procede de una educación democrática, permite deducir satisfacción o tranquilidad porque Felipe VI haya superado la nada fácil tarea de la sucesión de D. Juan Carlos I. Y es que la historia reciente de España está marcada por el signo de la transición. No está por demás recordar el contexto en que se realizó la que ahora se cuestiona de un modo directo o indirecto, con fomento de desafecciones no exentas de revanchismo justiciero o con base en lejanías generacionales. La transición fue un paso civilizado a la plenitud de las libertades; las que permiten que sea puesta en cuestión. En los preceptos de la Constitución hay muestras de ella en preceptos que, por su transitoriedad, la recuerdan. Uno de ellos es el que nombra a D. Juan Carlos I de Borbón «legítimo heredero de la dinastía histórica». Enlaza con ese «enigma histórico», pero real que es España, susceptible de entenderse de diferentes maneras y que también de diferentes modos se intenta poner en cuestión. Probablemente la transición de la Monarquía no ocurrió de acuerdo con lo inicialmente pensado. La abdicación del hoy Rey emérito fue una decisión forzada para salvar la Corona, con la certeza de que su relación con la sociedad había cambiado. Por muchos méritos que hubiera contraído, había perdido en buena medida el amparo de la opacidad y de la tolerancia. Se iniciaba una nueva etapa para la Monarquía, en una continuidad que es definidora de la institución también en un sistema parlamentario. Es un nuevo modo de relacionarse con la sociedad en lo que el Rey se ha esforzado, aprendiendo de lo que motivó el acceso a la actual responsabilidad. Su ardua tarea es interpretarla en este tiempo sin desnaturalizarla. Su apuesta por la transparencia y por comportamientos éticos es porque son una demanda de la sociedad. La cercanía es obligación para hacer más comprensible su singular función constitucional, que no se reduce a gestos, y no tiene por qué llevar a populismos, jaleados y también reversibles, innecesarios e impropios. Es sintomático que en la opinión publicada se haya insistido en que no se han cometido errores. En positivo, el valor de la institución se ha manifestado en reconocimientos internacionales que superaron lo protocolario, como los aplausos republicanos en Francia y entre nosotros por la naturalidad de la transición. En una etapa convulsa, llena de interrogantes, la continuidad serena en la Corona es un activo apreciable.