La aparición en prensa de una noticia según la cual la Xunta de Galicia permite practicar la caza en vías asfaltadas de acceso a aldeas, pone de nuevo sobre el tapete cinegético la necesidad de un debate abierto y amplio, en el que estén presentes no solo la representación de los miles de cazadores registrados en Galicia, sino grupos ecológicos, vecindario colindante con los cotos (tecores societarios), ingenieros forestales, senderistas, gente del ciclo-cross, micólogos, agricultores y, en fin, la ciudadanía en general, porque el monte, en contra de lo que la mayoría de cazadores entiende, ni les pertenece en exclusiva ni ha de ser simplemente productor de especies destinadas a la caza, cuyo corolario supondría el exterminio de especies depredadoras de conejos, perdices, faisanes o liebres. Esta mentalidad de presunta propiedad no compartida, muy extendida no solo en Galicia, sino igualmente en las dos Castillas y Andalucía, entiende que las piezas de caza han de ser protegidas incluso a costa de la práctica desaparición de otras especies, con la consiguiente quiebra del equilibrio ecológico. La crisis que supuso la casi aniquilación del lince ibérico y el águila real tiene aquí su origen.
La actual Ley 13/2013 de 23 de diciembre en su artículo 42 define de forma nítida las zonas de seguridad, en las que se incluyen las «carreteras convencionales debidamente señalizadas como tales». El hecho de que muchas del rural no disfruten de esa señalización no puede ser la espita por la que a continuación la ley abra la posibilidad de que con un permiso especial «pueda autorizarse la caza en los márgenes de las vías públicas». Esto se viene haciendo en batidas al zorro o jabalí, no sé si con autorización o sin ella, pero que conlleva un peligro es evidente. Una cosa es que la batida esté autorizada, que sí lo está, y otra muy distinta que se sitúen cazadores con la escopeta cargada al borde de estas vías, lo que supone, mírese como se mire, una auténtica barbaridad. Conductores, ciclistas y gente que sin más sale a pasear, no pueden exponerse a recibir una perdigonada.
Esta cuestión tiene una connotación especialmente grave si consideramos que es raro el municipio gallego que no disponga de rutas de senderismo, diseñadas y mantenidas por los propios ayuntamientos, que atraviesan amplias zonas de cotos de caza, donde domingos y festivos conviven excursionistas casi siempre acompañados de niños con cazadores inexorablemente acompañados de escopetas. Aquí urge de forma especial, en los tecores bordeados de ruteros, una mesa de diálogo para intentar conciliar derechos e intereses porque, repito, derechos tenemos todos e intereses, cada cual los suyos. No se trata de que la ley de caza la redacten los conejos, pero sí de que también los derechos de los animales estén contemplados, la seguridad de las personas asegurada y el equilibro de intereses garantizado.
Ese es la juego de la convivencia en un país cada día más culto, donde también los cazadores sentimos con mayor fuerza el tirón de la ecología y la ética de una praxis cinegética profusamente mencionada en la ley. Hay que respetar la legal constitución de los tecores que pagan sus impuestos, que cumplen la señalización, las normas de repoblación, que tienen sus seguros de responsabilidad civil al igual que los cazadores que disponen de la preceptiva documentación sobre armas y perros, pero aquí las Administraciones autonómica y municipal tienen que regular un estado de relaciones que parta del principio de que el monte es de todos y el disfrute común ha de estar regulado por la seguridad y el entendimiento.