Si el poder judicial no fuera, como es, tan indispensable para la pacificación de la vida en sociedad, los escándalos relacionados con su modo, a veces incomprensible, de actuar, no tendrían la relevancia que, con sobradísimos motivos, les otorga todo el mundo. Y es que los jueces -últimos garantes de la seguridad jurídica en un Estado de derecho-, se convierten en ocasiones en los primeros creadores de la inseguridad que ellos tienen la misión de asegurar.
¿Es admisible, como acaba de ocurrir en el caso Bankia, que un juez fije una fianza de responsabilidad civil de 800 millones de euros (algo más de 133.000 millones de pesetas) y que poco después, en un milagro opuesto al de los panes y los peces, un tribunal la rebaje ¡un 96 %!, hasta dejarla en 34 millones (menos de 6.000 millones de pesetas)?
Desde ningún punto de vista es admisible. Y ello, entiéndaseme bien, al margen de quién sea el órgano judicial que tenga la razón, cosa que una prudencia elemental me impide entrar a valorar. La disparidad de criterios es inadmisible porque siendo la misma la ley que aplican, primero el juez Andreu y luego la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no es posible, ni aceptar ni comprender, cómo dos órganos judiciales diferentes, en clara violación de la seguridad jurídica de quienes son parte en el proceso, pueden llegar a adoptar dos decisiones tan diametralmente opuestas.
Sé bien, porque saberlo forma parte de mi oficio, que la función de juzgar no consiste en la mera resolución de un silogismo; y que los jueces no son simplemente, según hace casi tres siglos apuntó en El Espíritu de las leyes Montesquieu, «la bouche qui prononce les paroles de la loi» («la boca que emite las palabras de la ley»). Ciertamente, lejos de configurarse como un poder «invisible y nulo» (habla nuevamente Montesquieu), los jueces interpretan el derecho que deben de aplicar y en esa labor interpretativa caben, claro, ciertos márgenes.
Pero el derecho no es -¡no puede serlo!- un chicle que se moldea a gusto del intérprete, que se estira o se encoge según la ideología o el mero capricho del juez o tribunal encargado de aplicarlo. Pues, como no puede suceder de otra manera, la interpretación de la ley afecta a los intereses y, por tanto, a la seguridad jurídica, de quienes, como en el caso de Bankia, son imputados por gravísimos delitos o resultan perjudicados por su presunta comisión. Unos y otros, como todos sus usuarios, tienen derecho a una justicia que lo sea de verdad: ajustada a derecho, eficiente, razonablemente rápida y generadora de confianza en quien tiene la función decisiva de juzgar.
Los españoles, es bien sabido, no confían en la justicia. Y vistas actuaciones como esta de la fianza de Bankia, parece que tienen buenos motivos para ello. La verdad es dura, pero es la verdad.