Una sociedad bipolar es aquella en la que en el mismo mes conocimos que se dispara la demanda de coches de más de sesenta mil euros, mientras en una de sus principales ciudades fallecen tres mendigos a causa del frío, o en la que tenemos casi trece millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión. En una sociedad bipolar el Estado suele emplearse a fondo para defender los bolsillos de los primeros y hacer mutis para el de los segundos. Alegría para unos pocos y tristeza para la mayoría. Veámoslo para el último mes en España.
Como grandes empresas constructoras y de servicios venían actuando a lo Tony Soprano con las concesiones públicas, se les ha impuesto una multa por cien millones, multa que si pagan lo harán a escote de sus muy superiores beneficios. En un país en deflación la electricidad sigue encareciéndose. Al mismo tiempo, nos enteramos de que quizás la Fiscalía Anticorrupción investigue a los responsables públicos que consiguieron que las empresas eléctricas no devolviesen a sus usuarios tres mil millones cobrados de más en su día. O se multa por treinta millones a dos distribuidoras de combustibles que pactaban precios para vaciar los bolsillos de los consumidores.
Todos ellos son casos en los que el Estado dejó engordar los bolsillos de constructoras, eléctricas o energéticas durante largos años, para solo al final dejar constancia de que se había hecho indebidamente contra los bolsillos de la mayoría. Multa decorativa y a otra cosa.
Los bolsillos golfos de los imputados por tarjetas de Caja Madrid se multiplican, mientras nos enteramos de que la mayoría pagaremos las reclamaciones por la salida a Bolsa de Bankia. O que la Audiencia de Madrid investigará a los responsables que amnistiaron en Hacienda (de todos) a los más de dos mil patriotas que tenían fondos en el HSBC en Suiza. También se abre paso la posibilidad de que paguemos entre todos los avales que algún responsable político concedió a las concesionarias de ocho autopistas madrileñas. Serían cuatro mil millones para sus bolsillos y cuatro mil millones menos para los nuestros.
Existe un lado estrecho en este embudo. Los defensores del Pueblo lanzan la voz de alarma en relación al aumento de mortalidad que afectaría a nuestros servicios de urgencias hospitalarias. Por eso no debe extrañar que el Estado dejase de poner mil cuatrocientos millones en asistencia a dependientes entre el 2012 y el 2014, y que se tarde varios años en cobrar esa ayudas. Tampoco que este año haya habido más aspirantes a menos plazas sanitarias. Ni que los pacientes de hepatitis C hayan tenido que querellarse contra dos ministros, por omisión de deber de socorro, para poder conseguir los nuevos fármacos que necesitan.
En una sociedad bipolar en la que el Estado ofrece el lado ancho del embudo a unos pocos y el estrecho a la mayoría, no nos debiera extrañar que los análisis de nuestro Centro de Investigaciones Sociológicas confirmen, un mes más, un monumental recado electoral a todos los afanosos gestores del embudo.