Las tribulaciones del ciudadano Monedero con la Hacienda Pública, convertidos en objeto de debate en muchos casos nada edificantes, merecen al menos tres reflexiones. La primera es que la práctica fiscal de Juan Carlos Monedero es inaceptable. Para el conjunto de la sociedad y para su partido en particular. Monedero ha hecho uso y abuso de la denominada ingeniería fiscal: ha creado una sociedad instrumental sin otro fin que reducir de forma sensible su factura fiscal. Si tributara de forma individual, a través del IRPF, con esos ingresos superiores a 450.000 euros el tipo impositivo llegaría al 52 % mientras que haciéndolo a través de una sociedad se queda en el 25 %. Y eso es inaceptable para un dirigente político. La declaración complementaria que realizó le permite eludir la acusación de cometer un delito fiscal, pero eso no limpia la responsabilidad de alguien que dirige una organización que hace de la decencia, de la transparencia, del comportamiento ejemplarizante de los representantes públicos la seña de identidad de su propuesta. La segunda es que el asesor fiscal de Monedero le recomendó a su cliente una práctica que realizan en este país cientos de miles de personas porque las empresas y las rentas de capital tienen una tributación muy inferior que la de los trabajadores. Si una persona gana 100.000 euros como trabajador, tanto si lo hace por cuenta propia o ajena, llega a pagar más del doble que alguien que obtiene esos ingresos a través de una sociedad mercantil. Y lo que es más escandaloso, una persona que ingrese, sin salir de su casa, 100.000 euros como beneficios, dividendos o intereses de su capital, va a pagar menos de la mitad del que gana una cifra similar pero trabajando. Ya lo dice Warren Buffet, el multimillonario norteamericano: no tiene sentido que mi secretaria pague el doble de impuestos que yo.
La tercera cuestión es Montoro. Lo que está haciendo, sus declaraciones amenazantes, la filtración pública de las relaciones de los contribuyentes con la Hacienda Pública son, sencillamente, intolerables. Es un país con un poco más de cultura democrática que nosotros ya estaría cesado. No puede ser que el derecho a la intimidad de un ciudadano sea vulnerado con ostentación por un ministro. Ni él ni nadie pueden conocer los datos concretos de Monedero ni de ningún otro contribuyente.
Al hacerlo rompe con un principio fundamental del estado de derecho. Al amenazar con realizar inspecciones de forma discrecional, especialmente a los que discrepan con el gobierno, el Ministro está poniendo el estado al servicio de sus estrechos intereses de partido, haciendo de la Agencia Tributaria su finca privada. El asunto Monedero esta ocupando ya demasiado tiempo en la agenda del Ministro y del gobierno, que harían bien en concentrar sus esfuerzos en el escándalo de los paraísos fiscales, la lista Falciani, los secretos bancarios, el fraude fiscal o el funcionamiento de la Agencia Tributaria en la que no dejan de producirse ceses y dimisiones de inspectores responsables de la fiscalización de las cuentas de las grandes empresas multinacionales ante la falta de apoyo real del Gobierno.