Hay una encuesta imposible, pero que debería hacer el CIS con una sola pregunta: «Si su empresa le ofrece una tarjeta para gastar lo que quiera sin pagar impuestos, ¿usted qué haría? ¿La aceptaría o la rechazaría?». Si las respuestas fuesen sinceras, quizá daría el mismo resultado que el uso de esas tarjetas en Caja Madrid: más de un 90 por ciento las aceptaría, y solo el resto optaría por el rechazo. He escrito «quizá», porque no tengo seguridad de ese resultado. Solo es lo que sugieren la facilidad con que se pagan y cobran servicios y obras sin IVA, los fraudes que levanta la Inspección de Hacienda o el volumen de economía sumergida.
Hago este prólogo después de conocer la decisión del juez Fernando Andreu de imputar a todos los directivos y consejeros y para decir esto: el hecho de que mucha gente esté dispuesta a hacer lo mismo no es un atenuante. Solo sirve para distinguir grados de responsabilidad. No es lo mismo idear ese sistema fraudulento que utilizarlo. No es igual quien incluye 15 millones en el capítulo de errores contables que quien se paga una comida, aunque sea una alegre comida familiar. Y no es igual un directivo medio que el consejero que tiene que aprobar las cuentas y el correcto uso del dinero. En su conjunto, todo ha sido una golfería. Individualmente, no hay nadie inocente, pero son distintos los grados de implicación, los delitos de apropiación indebida y administración desleal atribuidos por el juez Andreu.
Es decir, que este cronista encuentra al menos tres niveles en la indecencia general de las tarjetas black. Nivel uno, el de quienes crearon la trama con todos los ingredientes de una organización para delinquir, con su autor intelectual, sus ejecutores y su experto tecnológico para simular los errores informáticos con los que se engañaba a Hacienda. Nivel dos, el de los miembros del consejo y los que tenían competencias de administración general. Y nivel tres, los directivos que no estaban en el núcleo duro y se limitaban a vender su voluntad a cambio de una retribución opaca.
Y aún así, faltarán tres detalles: el de los estamentos de investigación, desde la Guardia Civil a la Audiencia de Madrid, que conocieron la existencia de las tarjetas en el 2012 y no percibieron el latrocinio; el del fraude a la Hacienda pública, que en algunos casos podría ser delito fiscal, y el escándalo del gasto, en artículos de lujo o lencería, o en viajes privados que nada tienen que ver con el negocio bancario. Eso ha indignado tanto a una sociedad empobrecida como la existencia misma de las tarjetas.
Si llega la hora de la Justicia, que llegue para devolver la confianza a la sociedad. Para que terminen las sensaciones de agravio e impunidad.