Quien no sea un fariseo, ni desprecie los signos externos como indicadores fiables del ingreso y del gasto de cualquier unidad económica, sabe perfectamente que este año los partidos más importantes del sistema -los nuevos y los viejos- se van a financiar ilegalmente. Y para saber esto no hace falta recurrir al CNI, ni darle más medios a la Fiscalía Anticorrupción, ni preguntarse qué empresas le daban el dinero a Bárcenas. Basta con saber que en solo 10 meses nuestros grandes partidos -los de la casta y los que solo afilian a los angelitos dorados de los retablos barrocos- se van a enfrentar a cuatro procesos electorales de crucial importancia, que no tienen dinero legal para afrontar ni la mitad de sus gastos, y que no por ello van a renunciar a hacer impresionantes campañas. Y eso quiere decir que, por una u otras vías, van a llenar sus arcas con dinero corrupto.
Los políticos y funcionarios españoles apenas cometen infracciones por uso gratuitamente injusto del poder, aunque el sistema inquisitorial que pusimos en marcha para acallar nuestra maltrecha conciencia colectiva pueda dar esa impresión. Tampoco son especialmente dados a poner el cazo a cambio de favorecer intereses particulares. Lo que determina nuestro terrible diferencial de corrupción es el disparatado modelo de financiación de partidos, que no solo les obliga a trasegar enormes sumas de dinero a través de las alcantarillas, sino que genera las burocracias especializadas en captar fondos, y los fáciles mecanismos que tales burocracias utilizan para que altos porcentajes de ese dinero negro y pastoso se le quede pegado en los cedazos que lo carrexan y en los dedos que lo cuentan.
Y ahí es donde creo que se equivoca Feijoo, como ya nos equivocamos los que le precedimos. Porque lo que hay que hacer es facilitar la financiación objetiva y transparente de los partidos, permitir donaciones bien reguladas, y hacer que sea Hacienda, y no el Tribunal de Cuentas, quien pueda perseguir y sancionar las irregularidades cometidas. Porque todo lo demás son palabras vanas, propósitos utópicos, y una carrera desbocada para inventar alcantarillas más ocultas. Tampoco se trata de resolver este tema desde los juzgados. Porque el juez puede valer para sancionar el delito cometido -o para reconducirlo a las tradicionales faenas de aliño a las que estamos acostumbrados-, pero en modo alguno previene la actividad delictiva de partidos que están constantemente compelidos a defender su posición electoral con carísimas campañas que no pueden financiar legalmente.
Lo que es urgente es decirnos a los españoles cómo podemos financiar nuestros partidos y su política. Lo demás, lamento mucho decirlo, solo sirve para encarecer más este pésimo modelo financiero con el que venimos ocultando los rancios complejos heredados de la dictadura.