Alarmante cuadro el dibujado ayer por mi compañero Gabriel Lemos en La Voz: más de un millón de gallegos viven del erario público. La cifra engloba a los empleados que cobran una nómina de la Administración, los parados que perciben alguna prestación y los pensionistas. En total, 1.031.500 personas, 62.500 más que a principios del 2008.
Advierte Gabriel Lemos que ese colectivo está integrado por el 43,6 % de los gallegos mayores de dieciséis años. Pudo haber utilizado otra comparación con tintes todavía más dramáticos. Puesto que el sector público se financia con impuestos y cotizaciones generadas por la actividad privada, conviene echar un vistazo al otro término de la ecuación. Y ahí nos damos de bruces con cifras realmente raquíticas: excluyendo a los funcionarios, en Galicia hay 610.700 asalariados y 222.200 trabajadores autónomos. Es decir, por cada diez gallegos colgados del presupuesto público solo hay ocho cuyos ingresos proceden de su trabajo en la empresa privada o de su pequeño negocio. De no ser por la función redistributiva del Estado, que nos allega recursos engendrados en otros rincones del país, estaríamos en quiebra. Envejecidos y renqueantes, vivimos con las muletas que nos presta la solidaridad estatal, lo cual debería llevarnos a rechazar por igual las tentaciones soberanistas «a la catalana» y las políticas liberales que propugnan el Estado mínimo.
Pero no equivoquemos el diagnóstico: el tamaño del sector público no es el problema de Galicia. Al contrario, la reducción del gasto público, auspiciada por las políticas de austeridad y la privatización de servicios, no hizo más que agravar la situación. En vez de atenuar la caída de la actividad privada, la acentuó. Los recortes arramblaron con 15.900 empleos públicos en la comunidad autónoma, pero muchos más en las empresas privadas que contrataban obras o prestaban servicios a la Administración. La Xunta, los concellos o el Estado pagan ahora 15.900 nóminas menos que en el 2008, pero 40.300 subsidios por desempleo más. Y eso que la tasa de cobertura ha descendido: en Galicia están en paro 258.300 trabajadores, pero únicamente 128.400 beneficiarios perciben alguna ayuda económica.
Las pensiones integran la nómina más nutrida que afronta el Estado en Galicia. Y sigue creciendo: hay 718.600 pensionistas, 44.000 más que hace siete años. Cobran pensiones de escasa cuantía y aún se achicarán más en cuanto desembarquen los damnificados de la última reforma. Se pretende justificar la rebaja de las pensiones futuras con argumentos demográficos, pero la viabilidad del sistema depende, sobre todo, de la capacidad de crear empleo -cotizantes- y del volumen de la aportación del Estado al sistema.
Que más de un millón de gallegos vivan del erario público solo significa dos cosas: que hay mucha gente sin trabajo y que hay muchos jubilados. Ambas apuntan a dos problemas. Uno, coyuntural: la crisis y la nefasta terapia aplicada para combatirla. Otro, estructural: el envejecimiento demográfico. La cifra del millón resalta también por contraste con la microcefalia del sector privado.