El debate sobre la deuda pública se plantea en términos de auditoría, de sostenibilidad o de reestructuración pero, aunque asuste un poco al leerlo, el hecho central de la discusión tiene que partir de una evidencia: que la deuda pública española es impagable. Así de claro, así de contundente. El conjunto de las Administraciones públicas debe un billón de euros, el nivel de endeudamiento más alto de nuestra historia, que equivale al 100 % de nuestro PIB.
Para devolver esta enorme deuda necesitaríamos cerrar las cuentas públicas con un superávit medio del 2 % durante los próximos cincuenta años; esto no ha ocurrido jamás en la historia de la economía, ni en España ni en ningún otro país del mundo. La economía española transita con dificultad desde un déficit del 10 % hacia el objetivo del 3 % en el 2016, pero en ningún caso se plantea alcanzar un superávit permanente. De hecho, en los últimos treinta años solo en tres ejercicios se alcanzó superávit; los tres, por cierto, con Zapatero y ninguno con Aznar.
Esta es, por lo tanto, la premisa de la que hay que partir: la deuda no se va a pagar. Pero no hay por qué asustarse, la deuda pública en realidad no se paga nunca, simplemente se renueva. Por eso el elemento clave de su sostenibilidad es el crecimiento de la economía, porque si la deuda deja de aumentar y el PIB nominal crece el 5 % (3 % de crecimiento real y 2 % de inflación), la deuda bajaría en diez años hasta el 60 %, un valor que los tratados europeos consideran de equilibrio. Así fue en el pasado y así tiene que ser en el futuro.
En 1996 la deuda pública española equivalía al 67 % del PIB y en el 2007 bajó hasta el 36 %; España se convirtió entonces en el país con menor deuda relativa entre los grandes de la Unión Europea. Sin embargo, el volumen total de deuda no bajó, sino que aumentó: 62.831 millones de euros más en esos once años. Lo que explica esta aparente contradicción es el crecimiento económico. La deuda se incrementó un 20 % en ese período, pero el PIB nominal lo hizo el 115 %, casi seis veces más, así que el peso de la deuda sobre el PIB se redujo, dejando de ser un problema.
Mientras el crecimiento económico sea intenso y los tipos de interés se mantengan bajos, la deuda es sostenible. El problema se concentra en el enorme flujo de dinero que sale de las cuentas públicas para pagar intereses -35.000 millones de euros cada año, mucho más que en prestaciones por desempleo, por ejemplo- en beneficio de los grandes inversores e intermediarios financieros, a quienes tampoco conviene cobrar la deuda, sino seguir ingresando intereses.
Pero si la economía se estanca, si hay deflación o inflación cero y, sobre todo, si los tipos de interés suben, entonces tendremos un problema grave con nuestro nivel de endeudamiento que hará inevitable el debate sobre su reestructuración.