Conchi está desesperada. Ha recibido una carta de la Consellería de Traballo e Benestar en la que le comunican que la prestación de Dani a partir de este mes se reduce en 55 euros porque el Estado ha reducido su aportación. Dani empezó cobrando 520 euros, luego le rebajaron a 442 euros y ahora son 387 euros. Dani tiene 13 años, unos ojos preciosos, una sonrisa que ilumina la vida de sus padres, una parálisis cerebral y, por esto último, tiene reconocido el grado máximo de dependencia.
Conchi se siente triste, rabiosa y no sé cuantas cosas más. Con cada euro que le quitan a su hijo le están quitando la posibilidad de mejorar su calidad de vida, la posibilidad de mejorar día a día, le están poniendo más zancadillas en su camino, poniéndoselo más difícil de lo que ya lo tiene. Y se pregunta: ¿Hay derecho a esto? ¿Nos lo merecemos? ¿Qué daño les han hecho para que se ceben con los más débiles? Con lágrimas en los ojos, Conchi me dice que ya no sabe qué hacer ni cómo seguir luchando por los derechos de su hijo y de todas las personas que se encuentran en su misma situación (porque, aún en su dolor, ella no solo piensa en el bienestar de su hijo).
Y yo me quedo sin palabras. Solo puedo llorar con ella, solo puedo sentir impotencia. Y recordar que hace ocho años el Parlamento español aprobó por unanimidad una Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.