Colisión de poderes

Pablo Mosquera
Pablo Mosquera EN ROMÁN PALADINO

OPINIÓN

24 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Creemos que la soberanía de la nación española reside en su Parlamento, desde donde se instaura el denominado «bloque constitucional». De ahí que solo a esta Cámara corresponda modificar la Constitución y los estatutos, según las propuestas de las Cámaras autonómicas. Creíamos que el poder judicial era uno, jerarquizado e independiente del poder político.

Así se puso freno legal a las pretensiones del supuesto derecho a poder decidir que esgrimían los nacionalistas vascos, que usaban al Estatuto de Guernica como un mero vehículo hacia la autodeterminación, exigiendo más competencias para ser más fuertes en el contencioso por los derechos históricos que, más allá del texto constitucional, interpretaron como derecho nacional del pueblo vasco para ser Estado independiente.

Creímos que el problema vasco había dado enseñanzas. Pactar con el nacionalismo no es la solución, ya que sus aspiraciones secesionistas son parte del problema. El modelo federal nunca fue el último objetivo ante las aspiraciones secesionistas y además no resiste, en materia de autogobierno, la comparación con otros Estados federales.

Nunca pudimos entender el trato que dieron legislativo, ejecutivo y judicial del Estado español a Ibarretxe y Atutxa, si lo comparamos con la permisividad a la Generalitat para eludir la ley nacional y llegar hasta el momento procesal actual, donde a las claras, sin tapujos, con premeditación y pleno conocimiento de causa, en Cataluña sus instituciones públicas han desobedecido al Tribunal Constitucional.

Pero más sorprendente que la colisión entre derechos del pueblo español y el pueblo de Cataluña es la colisión en el seno del poder judicial. Los fiscales catalanes interpretan la ley en favor de la conducta del Gobierno catalán, su presidente y su parlamento, a pesar del choque brutal que se ha producido el 9-N, con indicios razonables de comisión de delitos.

Hacer política no permite desobedecer la ley. Hacer política puede y debe ser pactar para cambiar la ley. Pero mientras esté vigente el ordenamiento legal hay que acatarlo, de lo contrario la debilidad del Estado es absoluta y la incertidumbre del ciudadano se debate entre quienes se creen con fuerza para imponer su credo y los que se sienten ultrajados en su derecho a ser protegidos por el Estado español e instituciones, más allá de soflamas y manifestaciones.