Cada vez que oigo esa expresión de «acabar con el régimen del 78» me asalta un sentimiento a medio camino entre la tristeza y la indignación, supongo que compartido por muchos de mi generación, porque antes de la Constitución de 1978 lo que había era el régimen de Franco, la dictadura, un régimen ominoso que no perduró tras la muerte del dictador porque mucha gente luchó en la calle, en las fábricas o en la universidad para impedirlo, pagando, en demasiadas ocasiones, un alto precio con despidos, exilio, cárcel y, en casos extremos, con la propia vida.
Las movilizaciones de los trabajadores y los estudiantes, en las que tenían un papel destacado las organizaciones de la izquierda, lograron impedir que la dictadura continuase después de Franco, rompiendo la lógica del atado y bien atado con la que se quería perpetuar el régimen.
Ganamos la batalla, avanzamos en una compleja y difícil transición y se aprobó la Constitución de 1978, abriendo el período democrático más largo y más profundo de toda nuestra historia. Con la democracia, además, vino la mejora en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población y, entre otras cosas, la puesta en pie de un modelo social con servicios y prestaciones públicas de las que, al contrario que en el resto de Europa, aquí no habíamos disfrutado nunca.
Porque los derechos que estamos perdiendo ahora bajo el hacha de la austeridad son, precisamente, los que ganamos en ese período, con la Constitución, sí, pero también con la lucha y el esfuerzo de mucha gente. Un impulso de cambio que está detrás de la enorme transformación de una sociedad española que en pocos años dejó atrás el subdesarrollo y el oprobio y empezó a vivir en un país con derechos y un aceptable, aunque insuficiente, Estado del bienestar.
Comparto el diagnostico de que este impulso de transformación está agotado. Que llevamos ya demasiado tiempo retrocediendo en vez de avanzar. Que hay nuevos problemas que necesitan nuevas soluciones. Que no se puede vivir de las rentas del pasado. Y que, por tanto, es imprescindible un nuevo proceso de movilización colectiva para dar solución a los gravísimos problemas que atenazan a la sociedad española. La crisis de la economía, el altísimo índice de desempleo, la desigualdad creciente y la precariedad laboral, así como las tensiones derivadas de articulación territorial caduca o la pérdida de calidad de la democracia, hacen necesario un nuevo tiempo de cambio a cuyo protagonismo están llamadas las nuevas generaciones.
Pero eso no se puede hacer, no es posible hacerlo, enterrando todo lo que fuimos capaces de conseguir en décadas de lucha por la democracia. Al contrario. Solo partiendo de esa base se puede construir el futuro. Sería suicida hacer ahora tabla rasa de nuestras instituciones representativas, de las organizaciones políticas y sociales que articulan la sociedad y del intenso tejido asociativo que nos hace ser una sociedad democrática y madura.
De ahí mi tristeza e indignación ante voces que desde la izquierda se apuntan al ejercicio de desmemoria de esa parte de la sociedad española que nunca ha querido reconocer, como es de justicia, la trayectoria de las organizaciones y personas que asumieron su responsabilidad en un momento histórico de enorme dureza y que abrieron el camino de la democracia en España, que se plasma en la constitución de 1978.