Uno de los sucesos políticos más chuscos de este otoño de corruptelas y corrupciones ha sido el de los cursos de formación de la operación Zeta y sus secuelas político-parlamentarias. Cierto que poco o nada de novedoso nos encontramos en las alteraciones y manipulaciones en torno a la formación asociada a las áreas gubernamentales de trabajo. Luego de la cascada de escándalos del caso de los ERE, la causa abierta más extendida que recorre, sobre todo el sur de España, es la que afecta a la formación para el empleo. La misma operación Zeta, con epicentro político en Galicia, está extendida a otras muchas comunidades autónomas.
La gestión de la formación para el empleo fue pionera de lo público al nuevo estilo: «Público es todo aquello que se financia con fondos públicos», o comulgar con ruedas de molino. Nada de los enredos actuales es nuevo. Todo viene de lejos, inicios de los ochenta, y era sabido. Sin que se le haya puesto solución.
En el caso de la operación Zeta gallega, la singularidad estriba no en la dimisión de un director xeral de la Consellería de Traballo, sino en la remoción de sus puestos de libre designación de varios jefes de servicio de esa consellería, sin expediente administrativo abierto ni sentencia judicial por medio. Singularidad agravada también por la interpretación realizada por la secretaria de Organización socialista, ex directora xeral también en la Consellería de Traballo, al interpretar las citadas remociones de jefes de servicio como una crisis de Gobierno.
Y aquí empieza lo chusco. Porque esa interpretación solo es posible debido a que nuestra Administración pública tiene un grado de politización excesivo. Por arriba, por abajo, y en los aledaños.
Por arriba, porque los nombramientos políticos no se limitan a los conselleiros o directores generales o equivalentes, sino que alcanzan a los puestos técnicos para los que se selecciona (libre designación) a aquellos funcionarios que tienen claras simpatías por los partidos de Gobierno. Por abajo, por el control que los partidos de Gobierno ejercen en la contratación de quienes ocuparán los puestos de trabajo de los escalones inferiores del sector público. Y en los aledaños porque la politización alcanza a los organismos de control dificultando la efectividad y la imparcialidad con la que necesitan desarrollar su labor.
Empiecen por un pacto que ponga fin a la politización de la Administración pública, fortalezca el mérito y la capacidad en las oposiciones, en la carrera profesional y en los tribunales, minimice asesores, y diseñen e implanten la figura de directivos públicos profesionales. No por cooptación o porque aquí mando yo.
Evitaríamos funcionarios y Administraciones dóciles y sometidas a los deseos -ilegales o alegales- de los dirigentes políticos e intereses asociados, y a nadie se le ocurriría interpretar que el cese de un jefe de servicio es una crisis de Gobierno. Con esta politización quizá sí. O un cortafuego.