Puede que uno que meta la mano en la caja pública (sobre todo si deja algo del botín para financiar a su partido) llegue a disfrutar de una plácida jubilación en compañía de la familia, aunque sea solo por un defecto en la instrucción judicial. Pero, si se le ocurre meterse de cabeza en los contenedores de basura de Sevilla para buscar comida, le van a caer 750 euros de multa. Algunos despropósitos tienen, además, el don de la inoportunidad, que es lo que sucede con la ordenanza municipal que acaba de revisar al alza el ayuntamiento andaluz en plena tormenta de corrupción política.
Argumentan los inspiradores de la norma sevillana que las sanciones a los buscadores de alimentos entre la inmundicia (quizás lo hagan porque tienen hambre) responden a dos razones: que pueden poner en riesgo la salud pública y que lo que recogen es, una vez depositado en los contenedores, una propiedad pública. Vamos, como las comisiones que acaban en cuentas en Suiza y Andorra, el fraude fiscal de partidos que pagan obras con dinero negro, el uso de tarjetas de crédito opacas, el escaqueo de fondos para formación de desempleados o las adjudicaciones de obras públicas a cambio de favores personales.
En plena crisis, con escenas espeluznantes y cada vez más frecuentes de personas buscando el sustento en la basura, la pretensión de cobrar una multa a quien revuelva en los contenedores no solo es estúpida, por imposible, sino que es una crueldad. Hacerlo mientras cada día supera al anterior en la espiral de perversión de la democracia es una inmoralidad y una provocación. Por si no está claro, lo recuerda el presidente del Tribunal Supremo: la ley está hecha para el robagallinas, no para el defraudador.