Díganme dónde hay que aplaudir, que me presento en A Coruña esta misma tarde. La razón de mi entusiasmo es lo que han dicho los presidentes de los tribunales de Justicia reunidos en la ciudad: le transmitieron a su ministro, Rafael Catalá, que, para luchar contra la corrupción, necesitan leyes adecuadas y resolver sus graves deficiencias organizativas. En otras palabras, leyes y medios. Al mismo tiempo que hacían estas reivindicaciones, los grandes partidos discutían sobre un nuevo pacto y cada uno de ellos inundaba las redacciones con decenas de propuestas, desde la duración de las presidencias de Gobierno hasta el incremento de penas.
¿Será por ideas? Usted invita a almorzar a media docena de políticos de tercera, y antes del segundo plato le han dado un recetario de iniciativas que abultan más que el diccionario de la Real Academia. Lo malo viene a continuación: ninguna de ellas sería capaz de evitar que Francisco Granados se ponga de acuerdo con una tropa de empresarios para darles concesiones a cambio de comisiones. Las medidas que estos días proponen los partidos con entusiasmo de aprendices están bien, son correctas y quizá sean necesarias. Lo sustancial es lo que reclaman los jueces.
Es lo sustancial por lo que algunos venimos predicando desde hace años que parecen siglos: que los corruptos, dantes o tomantes, sean juzgados con rapidez. Así los culpables pagarían pronto sus culpas, los inocentes verían rápidamente restablecido su honor, y los ciudadanos comprobarían que es verdad eso que dicen siempre los gobernantes: «el que la hace la paga». ¿Y qué va a ocurrir ahora con los detenidos e imputados de la operación Púnica? Que hoy o mañana terminarán sus declaraciones ante el juez, a lo mejor alguno va a prisión provisional, y se empezará una larguísima, una interminable instrucción que puede tardar tres, cuatro o cinco años en que se ordene el juicio oral. Cuando ese momento llegue, la mayoría nos habremos olvidado de Granados y su Púnica, pero renacerá el caso. Es lo que está ocurriendo con la Gürtel, empezará a ocurrir con Bárcenas, ocurrió con el caso Palau y no mencionemos los ERE de Andalucía, que son la historia de nunca acabar.
Ese es el problema para combatir la corrupción: esa sensación de impunidad creada por la lentitud judicial. Y no por culpa de Ruz, por citar al juez con más casos sobre su mesa, sino por culpa de quien no facilita los medios; tampoco por culpa de ningún otro, sino por culpa de la penuria de medios técnicos y humanos. Si Granados y compañía fuesen juzgados en un plazo máximo de tres meses, habría menos gente con mano fácil para robar, y el señor Rajoy no tendría que bajarse de su orgullo a pedir la limosna del perdón.