En esta sociedad en donde el pudiente es sospechoso y el subvencionado y pobre oficial un «tío legal», las entidades de gestión de derechos de autor están alzando otra vez la voz para mantener sus diezmos.
La nueva ocasión la han encontrado en la tramitación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. ¿Acaba el texto con el derecho del autor a que se le recompense por su obra cada vez que la utilizan? Todo lo contrario, le protege mediante la copia licenciada y defiende al ciudadano para que siga haciendo uso privado de las reproducciones.
Entonces, ¿a qué tanta algarabía? Pues porque la denominada ley Lasalle pretende adaptarse a la sociedad digital y a los cambios sociales, y de paso controlar a las incontroladas sociedades de gestión de derechos de autor, algunas Puerto de Arrebatacapas.
Una de las primeras actuaciones del actual Gobierno fue suprimir el canon digital, una prebenda concedida por Zapatero a las entidades privadas de gestión, consistente en gravar con un porcentaje económico la compra de cualquier dispositivo tecnológico susceptible de almacenar y reproducir contenidos. Bajo la suposición de que cualquier mortal podía esconder un delincuente, el principio constitucional de presunción de inocencia se canceló en beneficio de unos pocos.
¿Qué hace la reforma? En línea con lo que propone la UE, promueve la copia licenciada, que será la que impulse los negocios en Internet y la que impere en el mundo digital, frente a la copia privada, que acabará siendo residual y de uso privado.
¿Y por qué protestan las entidades de gestión? Porque con el canon digital eran ellas las que recaudaban sin dar cuenta a la Administración, originando con su «yo me lo guiso yo me lo como» comportamientos delictivos como el de la SGAE -por el que no hay nadie en la cárcel- y perjuicio económico a los socios autores, en beneficio de una camarilla dirigente. El proyecto de ley obliga a las entidades de gestión a cumplir con estrictos criterios de transparencia contable y de gestión, y además no será cada entidad la que recaude y pague a los autores, sino una ventanilla única, como en Francia.
Por último se crea la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, que junto a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) vigilará el funcionamiento de esas sociedades. ¿Atenta todo esto contra el mundo de la cultura? No parece, porque cuando se utiliza dinero del contribuyente toda transparencia es poca y ningún privilegio está permitido. Es lo que no entienden los del raca-raca, como tampoco los de las tarjetas black.