Posiblemente nunca una familia española estuvo tan investigada -decir «perseguida» es imprudente- por los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la policía y los medios informativos como lo está la familia Pujol. Sus espectaculares movimientos económicos ocupan a cinco juzgados en Cataluña y en la Audiencia Nacional. Pero hay razones para que sea así: tampoco nunca habíamos visto cantidades tan altas y de procedencia tan dudosa manejadas por una familia. Solo las primeras actuaciones inmobiliarias que promovió Oleguer, el hijo pequeño del matrimonio Pujol-Ferrusola, ascendieron a 2.000 millones de euros. Solo la cantidad que este señor ha movido en paraísos fiscales en los últimos tiempos supera los 500 millones de euros. Solo el número de sociedades que manejan Oleguer y su socio indica la existencia de un entramado complejo y de dudosa finalidad. Tratándose de gente de extraordinario poder político, tenemos derecho a saber cuál es el origen de ese dinero.
Muy limpio no debe haber sido, cuando se negó a declarar ante la policía. Líbreme Dios de hacer un juicio paralelo, y mucho menos anticipado del personaje, pero todos contamos con lo peor y estamos preparados para cualquier revelación que pueda surgir de esos registros y de la próxima declaración ante el juez. La poca claridad de las explicaciones de Pujol padre en el Parlamento catalán, la cantidad de indicios que tienen el fiscal y el juez Pedraz y la cantidad de documentación incautada hacen creíble que podríamos estar en trance de despejar por fin la gran incógnita que dejó Pasqual Maragall en memorable ocasión: «Su problema es el tres por ciento».
Y ese, no otro, es el tema del caso Pujol. La ocultación de una herencia parece una pequeña travesura solo agrandada por la personalidad y la relevancia histórica del personaje. El tráfico de influencias en la concesión de ITV es un delito de comisión frecuente en las Administraciones públicas. Llevar un par de millones a Andorra para esfumarlos después en algún lugar del planeta lo habrán hecho en España centenares de personas. Y hasta un mítico sindicalista asturiano tenía un millón de euros en el extranjero.
Pero aquí hubo un tipo que compró toda una red de oficinas bancarias, hoteles y los edificios de un importante grupo de comunicación. Y manejó una cantidad que hay que medir en pesetas para darse cuenta de su dimensión: más de 300.000 millones de pesetas. U Oleguer tiene muy bien documentada la procedencia de esa cantidad, o no estaremos ante un proceso a su persona y a su familia: estaremos ante el juicio a una etapa histórica, casi un cuarto de siglo de latrocinio que, si se confirma lo que busca el juez, no se han preocupado siquiera de disimular.