La política se desarrolla y justifica hoy, en gran medida, a través de los expertos. Los expertos son, en términos generales, personas diversas, más o menor conocidas, que atienden y aconsejan a los gobernantes cuando estos adoptan decisiones incómodas. ¿Y qué dicen los ciudadanos votantes y contribuyentes cuando los gobernantes adoptan decisiones aconsejados por los expertos? Nada. No dicen nada o dicen más bien poco, porque suelen tranquilizarse y apoyar al político de turno que está respaldado y aconsejado por los expertos.
Pero el experto es, en principio, una persona que tiene conocimiento técnico sobre una parte de la realidad. Y ese conocimiento técnico puede estar más o menos desarrollado desde una perspectiva científica, ofrecer conclusiones que pueden ser cuestionadas por otros paradigmas o bien explicar tan solo una parcela del problema. Y también sabemos que la suma de las aportaciones parciales de los expertos no garantiza la solvencia y el acierto de la política. Porque la política democrática es otra cosa. Está obligada a conciliar contradicciones e intereses diversos, priorizar la justicia y el bienestar social y a ocultar los sesgos ideológicos del experto.
Por eso interesa precisar que solo el político, cuando asume la condición de gobernante, es el responsable de sus decisiones ante los ciudadanos. Él fue votado, o elegido por el votado, para asumir una parte del gobierno, adoptar decisiones y ser el responsable de las mismas ante los ciudadanos. En este sentido, el gobernante puede estar asesorado por quien estime más oportuno, pero debe asumir siempre las consecuencias de sus decisiones. Si el gobernante fracasa y se escuda en las recomendaciones del experto para eludir responsabilidades, estaremos ante una persona inútil y ante un gobernante incapacitado para el ejercicio de la política.
La doctrina neoliberal inundó el espacio común de conceptos mercantiles y de expertos para debilitar lo público y confundir al contribuyente. Porque los ciudadanos prefieren más justicia fiscal, por ejemplo, que rescatar bancos o subvencionar pérdidas empresariales en las autovías de Madrid o de Galicia. Por otro lado, priorizar el pago de la carga financiera de la deuda pública puede ser muy eficiente para unos, pero está siendo muy doloroso para el resto de la población. Y llamar cliente al ciudadano propietario del sector público es manifestación de ignorancia o de confusión excesiva.
En todo caso, el desnorte se hace indescriptible cuando el gobernante desconoce o silencia que el 1 % de las familias más poderosas del mundo acaparan ya el 46 % de la riqueza total. ¿Qué prioridades y consejos ofrecen los ínclitos expertos para desorientar y confundir tanto a nuestros amados gobernantes?