Hay tanta irresponsabilidad y tanto rancio en la cuestión catalana; produce tanta vergüenza y tanto estupor su desarrollo, y nos hace correr tan importantes riesgos, que en este momento del drama solo caben dos posturas: el independentismo revolucionario -el del conflicto y la declaración unilateral de independencia-, o el patriotismo constitucional, que sabe que ningún cambio se puede hacer bajo chantaje. Todas las medianías empiezan a resultar vomitivas, y entre ellas están el reformismo constitucional planteado desde la cesión asimétrica y desde el ninguneo político de los demás pueblos; el baboseo académico que emplea su autoridad para decir sí pero no, o no pero sí, cobrando por las dos cosas; y el que cree que los conflictos solo se pueden evitar cediendo ante los transgresores más arriscados e irracionales.
Todo esto que digo va dirigido a las élites, que han creado un problema a la medida de sus intereses para implantarlo después en las masas. Porque a la gente de Cataluña debería bastar con recordarle que a ningún error o tragedia política le faltó el concurso de masas enfervorizadas, y que la democracia fía más de la ley, las instituciones y los cauces plurales de información y participación que de este populismo acendrado que los trileros usan como escudo.
Nadie está en contra de una reforma constitucional pactada y equilibrada. Pero somos muchos los que creemos que esa reforma no puede consistir en cambiar la racionalidad del Estado por el apaciguamiento de los sediciosos. Nadie rechaza hablar de modernizar el Estado y el sistema, pero ese cambio no puede surgir de los que quieren romper los modelos de solidaridad social en aras la falsa justicia de las balanzas fiscales, o de los que, al constituirse en pueblo soberano, dan por sentado que ellos son «algo más» que los ciudadanos de Murcia o Badajoz, o que las oportunidades de conflicto que ofrece esta crisis pueden legitimar las maniobras de élites irresponsables.
También hay que decir que la primera razón del frenazo a Mas no debe ser la ley, ni la Constitución, sino un hecho político asentado -fruto de estrategias sociales compartidas y de larga e intensa historia- que hacen que la ruptura sea radicalmente injusta y estúpida, en la medida en que no produce ningún avance de valor político, pero causa graves e imprevisibles perjuicios a España y la UE. Por eso hay que empezar a hablar de algo que todos sabemos, pero que nadie quiere decir: que el Estado no puede renunciar -salvo en supuestos de desintegración y desafección general- a su propia integridad; y que todo Gobierno legítimo tiene el deber de responder de este hecho ante toda la comunidad constitucional y democráticamente articulada. Todo lo demás son arenas movedizas que contribuyen a empeorar -si cabe- lo que ya está gravemente deteriorado.