Todo el mundo tiene derecho a proponer la reforma de la Constitución. Incluso todo el mundo es libre para descalificarla o reclamar un nuevo proceso constituyente. Eso forma parte de la libertad de expresión. Lo que ocurre es que algunos ciudadanos son menos libres que otros para publicar esas opiniones. Pedro Sánchez, por ejemplo. Cuando alguien es secretario general de un partido de Gobierno como el PSOE, tiene que matizar mucho sus palabras y decir, por lo menos, qué es lo que pretende: hacer una reforma en detalles concretos que necesitan ser actualizados o abrir un proceso constituyente. Ambos objetivos son legítimos, pero debemos saber qué terreno vamos a pisar si el señor Sánchez gana las elecciones.
Como objeciones iniciales se pueden plantear unas cuantas y graves. Por ejemplo: ¿De dónde saca el señor Sánchez que el problema catalán se resuelve con el modelo federal? ¿Se lo dijo Artur Mas o se lo imagina él? Si se busca el mismo consenso que en 1978, ¿habría que aceptar el derecho de autodeterminación, que es apetecido por los nacionalistas? Si se quiere contar con Izquierda Unida o Podemos, ¿habría que someter al rey a votación popular? ¿Está el país en las mejores condiciones para abrir ahora el debate monarquía-república? Y, si se pretende que el derecho al trabajo o a la vivienda tengan garantía de la Constitución, ya la tienen, pero ¿tiene el señor Sánchez la fórmula para pasar de la actual proclamación teórica a la práctica de que todos debemos tener trabajo y vivienda porque lo garantiza la Constitución?
Esta preguntas me llevan a varias conclusiones. La primera, que en el señor Sánchez hay buena voluntad, pero también juvenil precipitación. El «consenso general» es un bellísimo deseo, pero hoy difícil de alcanzar. La segunda, que, para hablar de reforma tan seria, hay que empezar por plantear qué reforma y para qué. Lo que vemos es que algunos se llenan la boca y la pluma con ese recurso, que no pasa de ser una formulación vaga y genérica. La conveniencia de reformar la Constitución la vamos aceptando todos; ahora sus apóstoles nos deben aclarar para qué. Si es solo para contentar a Cataluña, no veo por qué hay que meterse en una reforma general.
Y la tercera es la peor: a base de menear la Constitución, se la están cargando. Transmiten la impresión de que ya no vale o es una antigualla. Y ante eso, protesto: la Constitución es válida. Será imperfecta, pero es lo mejor que tenemos. Nos ha dado, de momento, 35 años de estabilidad. Y no está claro que las reformas garanticen algo parecido si no tienen claro el objetivo ni se saben cuál es el grado de consenso. Sería conveniente que estos fogosos jóvenes pensaran antes de ponerse a hablar.