Cuando escribo esta crónica no se conocen los resultados del referendo de Escocia. La única pista, y no absolutamente fiable, es una encuesta que anuncia la victoria del no. Si se confirma, ocurrirá todo esto: la propia Escocia se libra de un penoso período en el que tendría que aclarar cuál es su jefatura del Estado, cómo paga la parte de deuda pública británica que le corresponde, cómo se reparte el petróleo y cómo se relaciona con el resto de Europa, porque quedaría fuera de la Unión por un largo período de tiempo. La Unión Europa, a su vez, se libraría de una imagen nunca vista: el descuelgue de una parte de sus miembros. El Reino Unido no pasaría por la humillación de la ruptura de la nación. Y España también respiraría algo más tranquila, porque el no de los escoceses frenaría algo la fiebre independentista de Cataluña.
Pero solamente algo. El señor Mas ya se encargó de decir que, pase lo que pase, el proceso catalán seguirá igual. Y, en todo caso, Escocia seguirá siendo el referente, por la sencilla razón de que pudo votar; es decir, que pudo ejercer lo que piden los soberanistas catalanes: el derecho a decidir. «No pedimos otra cosa», dicen los mensajes engañosos de quienes piensan en las urnas para romper con España o están dispuestos a utilizar las urnas ilegales desde la intención de la desobediencia civil, que sería más correcto llamar insumisión.
Para el desafío catalán, por tanto, el referendo de Escocia habrá sido un trámite que había que pasar. Si gana el sí, como gran empujón hacia el Estado propio. Si gana el no, como el estímulo necesario para la consulta de autodeterminación. Lo veremos hoy mismo, cuando se apruebe la Ley de Consultas. Y veremos la rápida reacción del Gobierno central, con su recurso al Tribunal Constitucional. Ni ha terminado esta batalla ni ha terminado el conjunto de la guerra.
Yo no quiero incordiar. Reconozco que el Gobierno de Rajoy está actuando con templanza y en un marco irreprochable: el que marcan las leyes. Pero reconozco también que la capacidad de maniobra de los nacionalistas es tremendamente eficaz. Veamos un ejemplo: la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la que monta las manifestaciones de la Diada, dispone de cien mil voluntarios para llamar puerta a puerta, casa por casa, y hacer proselitismo por la independencia. ¿Tiene algo parecido el Estado español? ¿Sería capaz el partido que gobierna España de disponer de la mitad de esas personas para hacer la contrapropaganda boca a boca? Ni de broma. Pues ese es el problema. Madrid se conformará con que triunfe el no, se tranquilizará con los recursos legales, pero en Cataluña se seguirá trabajando por la ruptura. Y piensan que es una cuestión de tiempo.