El ministro Montoro anuncia que el Gobierno acusará a Pujol por uno o varios delitos. Acabaría antes si dijera que no lo acusará por todos los delitos recogidos en el Código Penal. Técnicamente, todo apunta a que cometió ilícitos penales contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, soborno, malversación y prevaricación. Esos hasta el momento, pues con el tiempo no debe descartarse que vayan surgiendo nuevos hechos susceptibles de infringir otros artículos del citado texto legal. También llama la atención que el ministro comente que se trata de uno de los casos más graves de fraude fiscal, en términos cualitativos, que ha habido en España. Debe matizarse que no solo en términos cualitativos, sino también cuantitativos. Llamemos a las cosas por su nombre, y olvidémonos de quien es en este caso el presunto delincuente. ¿Por qué se ha esperado hasta ahora, si Montoro ha reconocido que la familia Pujol fue investigada en el 2000, siendo él ministro de Hacienda? ¿Por qué se cerró dicha inspección en el 2002 sin expediente sancionador alguno, y con Montoro todavía como ministro? ¿Así es como funciona nuestra inspección tributaria? Pues será para ciudadanos con pedigrí, pues si un autónomo omite un ingreso de cuatro perras, de inmediato recibiría el oportuno requerimiento del fisco.