Una cosa son las normas, Príncipes de Maine, otra la política. Alguien pretende una política y aprueba un plan, pero aparecen las normas. Aquellas que imponen criterios, plazos y mezquindades y ahorman las políticas.
De normas vamos llenos. En la gestión del Plan Nacional de I+D en España se convocan proyectos en noviembre, se aprueban los seleccionados en septiembre, los fondos llegarán en tiempo indeterminado, pero se impone a posteriori que el proyecto empieza a contar su tiempo administrativo diez meses antes de ser aprobado. Sin fondos librados ni comprometidos. Excelencia de gestión.
En Galicia un Interconecta con CDTI exige tres empresas, una de ellas tipo gran empresa. ¿Cuántas hay en Galicia? Otra norma obliga, en acciones de I+D para la pequeña y mediana empresa -las que hay en Galicia-, a participar un mínimo de tres. Casi milagroso si no son consultoras. Y, en caso de recibir dinero público, se prohíbe contratar a personal que haya trabajado los dos últimos años en el centro público o en la empresa. Marginación del profesional formado e ilegalidad para la administración pública.
Política es convocar ayudas para unidades mixtas de entes públicos y empresas. Norma absurda es imponer que tengan sede propia diferenciada de los entes y empresas, descabalgando así cualquier unidad de I+D empresarial, y prohibir la contratación de personal formado que haya trabajado previamente en ellas.
En 1997 se unificó la política de investigación e innovación del Gobierno gallego. En el período del bipartito se segregó en Educación e Industria. La llegada del Gobierno de Feijoo ahondó la división: Universidades con Educación, y Empresas y derivados (Centro o Parques Tecnológicos) con Industria. Los organismos públicos de investigación (CSIC, IEO, y otros de la Xunta), minoritarios y malos lobistas, ignorados por Industria, su pésimo mentor.
Política fue la integración, política la segregación. Política fue destinar los 49 millones consignados en los presupuestos de I+D de 2010 a las universidades y a los recortes de la austeridad de Hacienda. Política fue decidir que salvo para jóvenes investigadores (sic) o grupos de excelencia universitarios, no habría convocatorias de financiación de proyectos, ni de recursos humanos. Tampoco proyectos para la industria, salvo algún Interconecta con el CDTI, hasta hace un año. Política es la marginación del CSIC y el IEO, con más de 75 años en la investigación gallega. Marginados de las convocatorias de recursos humanos y de proyectos, reservadas para universidades o centros tecnológicos. En fin, negándoles ser gallegos. Ni los gobiernos de Mas o Urkullu se han atrevido a tanto.
Así ha sucedido en el casi finalizado plan de investigación e innovación del Gobierno Feijoo, el I2C. Algo más debe mudar con el cambio de Conselleiro en Industria. Las normas, lamentablemente, son de ahora. Un riesgo también para el RIS3 Galicia, la nueva estrategia de especialización inteligente.