L a ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se ha asociado históricamente con términos tales como profesionalidad o capacitación. Uno de los pilares que sustenta esta afirmación es el de una formación académica con muy altos niveles de exigencia y trabajo, de modo que el tiempo medio de finalización de la carrera se situó entre los 8 y 9 años.
Esa gran exigencia era compensada por una situación de paro técnicamente nulo y unas condiciones laborales óptimas. Hoy en día, la situación económica y la caída de la inversión en obra pública están provocando que miles de ingenieros de caminos se vean obligados a buscar trabajo en el extranjero: más de 3.000 ingenieros han emigrado recientemente y en las empresas del sector la facturación en el exterior constituye ya un porcentaje mayoritario de su volumen anual.
En este escenario, nos encontramos con que ingenieros y empresas no solo se ven obligados a buscarse el pan en el extranjero, sino que han de hacerlo en inferioridad de condiciones frente a profesionales y empresas de otros países. Dicho «mérito» hay que atribuírselo a la inacción de nuestro Gobierno, incapaz de sacar adelante la homologación de los ingenieros españoles -tal como le exige la UE desde el ¡2008!- conforme a las nuevas clasificaciones recogidas en el Plan Bolonia.
Este plan originó un profundo proceso de transformación, que ha obligado a nuestra universidad a modificar el marco de titulaciones. Frente a las tradicionales denominaciones como licenciado, ingeniero superior o ingeniero técnico, se crean las nuevas denominaciones técnico superior, grado, máster y doctor. Cuatro categorías en las que reubicar los títulos anteriores a la aprobación del Plan Bolonia. Además, han de equipararse cada uno de ellos a los 8 niveles europeos EQF.
No estamos ante una tarea sencilla. La disparidad de títulos, planes de estudios y denominaciones existentes así lo acredita. Pero lo que los colectivos de ingenieros superiores demandan es una equiparación inmediata de estas titulaciones al nivel de máster, básicamente por dos razones: la primera, que todas estas carreras han cursado un mínimo de 5 años de estudios y ostentan los 300 créditos ECTS necesarios para tal nivel. La segunda, la urgencia derivada de la necesidad de lograr competitividad en el mercado exterior.
El Colegio de Caminos ha estimado que la no equiparación del título supone una pérdida en términos de competitividad de 10.000 millones de euros al año en el mercado internacional de las empresas, así como también la pérdida de unos 1.000 empleos directos de ingenieros fuera de nuestro país.
El Gobierno actual dio un pequeño paso con la publicación de un real decreto en marzo -criticado de forma generalizada- indicando los trámites para llevar a cabo la homologación. Desde el Colegio de Caminos se percibió como un paso adelante positivo tras años de gestiones, si bien manifiestamente mejorable. Por ello, presentó una serie de alegaciones, la principal exigiendo una «vía rápida» para la homologación. Sin embargo, la solución prometida en marzo por el Gobierno, de un «brevísimo plazo», se sigue postergando, y comienza a parecer misión imposible.
La equiparación del título de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a los niveles de máster y EQF-7 es una reforma normativa sencilla y sin coste alguno para el erario público. La demostración palpable de que, si el Gobierno quiere, puede, es que en febrero de este mismo año, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para equiparar directamente al nivel de máster determinados grados sanitarios.
Justo parece que el mismo Gobierno que aplaude el éxito de la ingeniería española en el exterior y su contribución particular en la visión positiva de la marca España resuelva, sin más dilación, la situación de discriminación que sufren esas empresas y profesionales españoles de ingeniería.
Ricardo Babío Arcay es decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia.