Lo de las balanzas fiscales es un carajal. Nunca habrá acuerdo sobre sus cuentas, porque siempre habrá discrepancia sobre el método elegido, siempre habrá sospechas de intención política y siempre habrá agravios, porque las comunidades que pagan creen que pagan mucho más («España nos roba», dijeron los soberanistas catalanes) y las que reciben consideran que reciben menos de lo que necesitan y también de lo que aportan. Por esas y otras razones, ningún Gobierno quiso publicar esas cuentas: sabía que era meter la mano en un avispero y contribuir a la discordia territorial. Si el de Rajoy lo hace, hay que reconocerle al menos el mérito de la valentía: que cada región se enfrente a su propia realidad.
Ahora, con los datos difundidos ayer, se han activado dos perfiles del problema. El principal, para no perder la costumbre, con Cataluña. El Gobierno catalán había publicado sus propias cuentas hace un par de meses, y los redactores estatales las rebajan notablemente (2.500 o 6.500 millones, según el método utilizado). Por tanto, pasan a ser sospechosas de intencionalidad política. Primera sospecha: se elige el método de cálculo más conveniente para Rajoy. Segunda: se trata de anular el discurso nacionalista, que reclama un tope a la solidaridad. Y tercera: se publica una semana antes del encuentro Rajoy-Mas, para condicionar su contenido y rebajar el tono reivindicativo del presidente catalán.
El otro perfil es que las balanzas son una máquina de enfadar a gobernantes autonómicos. Resultó espectacular el cabreo de Susana Díaz, presidenta de Andalucía, absolutamente molesta por las comparaciones que se suscitan. Inquietante pensamiento, que conduce a una primera conclusión: llevamos casi cuarenta años de democracia donde se ha reclamado máxima transparencia para todo, especialmente para los dineros públicos, cómo se gastan, quién los aporta, cómo se distribuyen y cuánto contribuyen a la distribución del Estado de bienestar, y cuando se hace la luz y triunfa la transparencia, resulta que todavía molesta.
Tómese nota de esa circunstancia porque tenemos la clase política que tenemos. Sobre todo, una parte de la autonómica, formada en el estilo reivindicativo y en la explotación del agravio. Este cronista se limita a pedirles a todos, Gobierno central y los regionales, que se pongan de acuerdo sobre el método de cálculo para que sea solo uno. Si los métodos son distintos, nunca habrá las mismas conclusiones. Y, como reflexión general, esta inquietud: si un país, cualquier país, no resiste que se publique la distribución por territorios del esfuerzo fiscal de cada uno, es un país poco estructurado. Y desde luego, con un sentido de la solidaridad estrictamente verbal.