Más allá de la disputa de cifras acerca de la magnitud de los recortes efectuados en nuestro sistema educativo, en la que se han enzarzado responsables políticos, autoridades académicas, sindicatos y asociaciones varias del sector, sería necesario recordar y sentar la premisa de que la educación (y la investigación) es la inversión más rentable para un país. En todos los aspectos. Es cierto que esta inversión solo da sus frutos a medio o largo plazo, pero es la más sólida apuesta de futuro. La inversión efectuada en España en este terreno propició y mantuvo nuestro desarrollo económico hasta el advenimiento de la crisis. Ahora se argumenta que los recortes en el profesorado son la consecuencia de esa crisis, olvidándose de que la inversión en educación favorece, que no perjudica, la salida de la crisis.
Considerar la reducción del profesorado como una necesidad para salir de la crisis es algo que no se sostiene, e indica por la vía de los hechos que en nuestro país, la educación, por desgracia, no es un fenómeno estratégicamente prioritario, a pesar de las proclamas de los políticos a favor de la misma. La calidad requiere inversión, no es gratis. A corto plazo, esta reducción supondrá mermas en la calidad de muy difícil recuperación posterior (especialmente en las enseñanzas universitarias, debido a su implicación en la innovación científica). Si el razonamiento para legitimar estas reducciones es exclusivamente económico, podrían arbitrase otras soluciones menos traumáticas, como la racionalización y mejora de los recursos humanos existentes, y desviar la tijera a otros sectores que, como el político, apenas han sufrido recortes significativos. Los ciudadanos pueden preguntarse: ¿Son más imprescindibles los gastos derivados de una clase política sobredimensionada que en educación? ¿Y en las duplicidades administrativo-burocráticas? Y así un largo etcétera.
A mi juicio, el sistema educativo español, tanto en el nivel universitario como no universitario, no debe ser sometido a una dieta de adelgazamiento, salvo excepciones muy puntuales y localizadas, sino a un proceso de racionalización y mejora de sus servicios. Dentro de este proceso, el profesorado debe ser el centro de la atención de los poderes públicos, en la misma proporción al menos que el alumnado, porque de su calidad y profesionalidad depende en gran parte el futuro del país. Si a alguien le puede parecer excesivo este juicio, convendría recordarle la frase de Descartes: «Dos cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa que los otros o ir por el buen camino». Ambas cosas no se logran sin educación; la primera con la innovación científica y la segunda desde la escuela, formando buenos ciudadanos.
José Luis Veira es Catedrático de Sociología de la Universidade da Coruña.