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Cómo luchar contra el fraude y la economía sumergida

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La economía sumergida en España alcanza niveles cercanos al 20 % del PIB. La mayor parte proviene de actividades legales que se ocultan al fisco con la única finalidad de eludir el pago de impuestos. Pero otra parte no se declara, no solo por evitar la tributación, sino por ocultar su origen en la comisión de delitos. Es lo que se llama economía ilegal y, por supuesto, no tributa ya que su mera inclusión en una declaración fiscal supondría una autoinculpación. Es por ello que muchos de estos delincuentes fingen que realizan otras actividades lícitas para atribuir parte de los ingresos procedentes del delito a dichas actividades, y de esta forma usar este oscuro dinero sin levantar sospechas. Es el blanqueo de dinero. No se blanquea todo, sino lo suficiente para justificar sus elevados niveles de vida. El resto se suele esconder en paraísos fiscales o en cajas de seguridad, y no tributará jamás.

El INE ha estimado los ingresos no declarados de estas actividades en 45.000 millones de euros anuales y ha manifestado su intención de incluir estos ingresos en sus estadísticas de PIB a partir del próximo mes de octubre. Entre las actividades ilícitas hay dos que están parcialmente despenalizadas: la prostitución, cuyo ejercicio es legal -no así el proxenetismo-; y las denominadas drogas blandas, cuyo tráfico sí está penalizado, pero no el consumo personal. Este hecho, unido a que tanto el Instituto Nacional de Estadística como la UE han decidido integrarlas en las estadísticas de riqueza de los países, nos ha llevado a los inspectores de Hacienda a proponer la apertura del debate de la legalización de dichas actividades, ya que si el Estado las va a considerar como una riqueza nacional, creemos que es justo también que contribuyan y tributen como cualquier otra actividad.

El debate sobre la legalización de estas actividades es controvertido y tiene muchos ángulos, desde luego mucho más importantes que los meramente derivados de su tributación. En el lado negativo, es muy primordial valorar el daño a la dignidad de la persona, en el caso de la prostitución; o de la salud, en el caso de las drogas blandas. En el positivo, hay que tener en cuenta que el mayor control de la prostitución permitiría reducir delitos como la inmigración ilegal, el tráfico de mujeres, las coacciones y abusos, el empleo sumergido sin contrato ni derechos sociales. Por lo que respecta a las drogas blandas, además de sus propiedades terapéuticas para utilizar en algunas dolencias, su legalización permitiría un mayor y mejor control sanitario que evitaría en muchos casos la adulteración y facilitaría acabar con las mafias de narcotraficantes que controlan su distribución.

Por ello, los inspectores de Hacienda hemos propuesto la apertura de un debate público crítico, objetivo, honesto y responsable sobre la legalización de estas actividades que, si bien distan mucho de ser ejemplares, pudieran no ser merecedores de sanción penal para así poder contribuir a reducir sus efectos negativos y perjudiciales a la sociedad, y para que, ulteriormente, puedan quedar sometidas a tributación. Además de la prostitución y de las drogas blandas hay muchas más actividades fraudulentas por regularizar: paraísos fiscales, operaciones transnacionales, emisores de facturas falsas, sicav fraudulentas?

Consideramos que si se acometieran las medias propuestas por los inspectores de Hacienda se podría reducir de forma muy considerable la economía sumergida a niveles de otros países como Alemania o Inglaterra. De conseguirlo, podríamos mantener los servicios públicos sin recortes? y sin subir ni un céntimo más los impuestos.