La iniciativa secesionista en Cataluña es, sin duda, el principal problema político planteado en nuestra democracia. La Constitución de 1978, aprobada allí por amplia mayoría, uno de cuyos «padres» fue un nacionalista catalán, parecía que debiera haber evitado aquella apuesta. Cómo hemos llegado a esto, se pregunta un colega y columnista de este diario en un excelente libro recientemente publicado. Contestar a esa pregunta es fundamental para alumbrar cómo podríamos salir del peligroso embrollo creado. No se encontrará salida negando la existencia de nacionalismos o de su incompatibilidad con el paradigma del federalismo. Tampoco desde la visceralidad o la descalificación sistemática, que encontraría para ello elementos en la deriva iniciada. Pero, con ser cierto, no evita ahondar en la pregunta. Qué ha ocurrido para que los nacionalistas radicales se hayan impuesto a los más centrados y todos ellos hayan optado por abandonar la Constitución de 1978, que ha dotado a Cataluña el mayor autogobierno de su historia, incluido el obtenido bajo la Constitución del 31, en la que tanto influyó.
Es laudable que el rey reivindique en Barcelona el respeto a la Constitución. Qué Constitución; porque el actual Estado de las autonomías no es el que figura en la que los nacionalistas aprobaron y pueden argüir dialécticamente. Reconocer esa realidad se erige en premisa para encontrar una solución. Lo llegado hasta la actualidad ha sido una vulneración consciente y deliberada del texto constitucional. Fue el resultado de decisiones políticas que pasaron por encima de la Constitución. Empezó por Andalucía. No se consiguió la mayoría absoluta en cada una de las provincias como exigía la Constitución y la ley. Se cambió la ley en contra de lo previsto en la Constitución a instancia de los socialistas, que aprovecharon la debilidad política de Suárez. La apoteosis de la vulneración de la Constitución fue la decisión de Calvo Sotelo, de acuerdo con Felipe González, de unos pactos autonómicos en 1981 que uniformaron las autonomías, prescindiendo de concretos artículos de la Constitución. Se confirmaría en 1992 con Aznar en la oposición. La Constitución permitía la generalización de la autonomía a todos los cuadrantes de España, pero no la uniformidad con 17 parlamentos. Guste o no, existen diferencias institucionales recogidas en la Constitución de manera discreta, pero clara.
Toda esa operación inconstitucional ha estado amparada por expertos y una doctrina científica que ha silenciado esas vulneraciones. Creían que generalizando el café, en un populismo acientífico, se resolvería la cuestión catalana. Su fracaso se enmascara con propuestas de modificar la Constitución por quienes, desde la política o el pensamiento, la han desfigurado con su espuria aplicación y prepotente entendimiento. La salida del embrollo no consistirá en convertir a las comunidades autónomas en Estados para reconocer la singularidad de Cataluña. Otras son posibles.