En un reciente estudio del Normandale Community College en Bloomington, Estados Unidos, se ha comprobado que solo el 7,5 % de los delitos cometidos por personas con un trastorno mental severo están directamente relacionados con alguno de los síntomas de su enfermedad. Los profesionales de la salud mental llevamos décadas señalando este hallazgo. Que las crónicas negras acerca de la supuesta condición de enfermo del delincuente no son más que un mecanismo exculpatorio de los llamados sanos a sus desvaríos. La enfermedad mental grave es una patología compleja que lo que requiere no son dedos acusadores, sino una buena práctica asistencial y un código ético, no el penal. Hoy los trastornos mentales graves son tratables, subsidiarios la mayoría de ellos de una integración social que solo requiere de un compromiso político para llevarla a cabo, algo que en los últimos años se está deteriorando de forma lamentable.
Destacaría tres motivos paganos de este menoscabo: el enfermo mental grave es molesto para los gestores, que no lo entienden, porque su atención requiere de variables distintas a las del enfermo orgánico, que es para lo que están formados. Los pacientes graves no tienen capacidad de protesta ni movilización, y las familias que los atienden con una resignación bíblica -a veces hasta la extenuación- bastante tienen como para andar organizando protestas callejeras. Para los gestores sanitarios, los profesionales de la salud mental hablamos mucho y no paramos de pedir cosas raras que no parece que tengan que ver con la gestión de la medicina que ellos entienden y de la que tampoco se dejan aconsejar mucho.
El recién surgido Movimiento Galego de Saúde Mental ha venido a denunciar estos días las carencias y la disminución progresiva de recursos dedicados a la atención de estos enfermos. No solo no se ha desarrollado el decreto de salud mental de Galicia -que data de 1993-, sino que las últimas noticias alertan de la amenaza de reducción de recursos y cierre de camas en nuestra comunidad. Algunos profesionales señalamos que esto es posible y deseable, siempre que se cambien las camas por programas asistenciales comunitarios bien dotados de personal cualificado, pero nuestros administradores entienden muy bien lo primero y se desentienden de lo segundo.
En esta sanidad pública locamente economicista a la que nos encaminamos, en la que los profesionales somos cada vez más soldados bajo mando y criterio político; en la que la barbarie de los recortes y la consecución de objetivos asistenciales inalcanzables habla con más elocuencia que sus profesionales, el único margen que tenemos lo dicta el apóstrofe de Karl Krans: «El que tenga algo que decir, que dé un paso al frente, y se calle».
Pero algunos no se resignan al silencio.