Alguna vez expresamos la sospecha de que al poder político no le interesa combatir la corrupción. Dice indignarse con ella, la califica como una lacra y la condena con contundencia? cuando salpica a un partido político adversario. Pero, a la hora de la verdad, no aplica las soluciones que tiene a su alcance. Es sorprendente, por ejemplo, que el Gobierno que presume de ser el gran reformista y de no dejar títere con cabeza en multitud de leyes no haya metido el bisturí en un problema que ya figura entre las mayores preocupaciones ciudadanas, según los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas. Tampoco tenemos noticia de que se haya avanzado nada significativo en las repetidas propuestas de pacto político.
Hago estas anotaciones después de conocer el informe del fiscal general del Estado a la Comisión Constitucional del Congreso. No pudo ser más deprimente. Según sus palabras, no se puede salvar nada, ni las leyes ni la voluntad política. Esas leyes son insuficientes y enrevesadas. Las denuncias que conocemos y comentamos vienen «precocinadas» por la policía y por Hacienda. Los medios para investigar y juzgar son escandalosamente escasos. Las sentencias son difíciles de cumplir y las instrucciones son lentas, se eternizan en los juzgados y producen un doble daño: apariencia de impunidad e injusticia de un procedimiento que se retrasa demasiado. Y los perjuicios colaterales son elocuentes, como la falta de ejemplaridad y la incitación al fraude fiscal de los contribuyentes normales.
Este es un toque de atención muy serio. Y no lo hace un comentarista cualquiera ni un tertuliano de guardia, sino el fiscal general del Estado, a quien se supone el máximo rigor y conocimiento de la materia. ¿Servirá para algo? Espero que sí. Espero que de esa ronda de informes al Congreso salga por lo menos un diagnóstico de los fallos que hacen que la corrupción empiece a parecer un mal imposible de corregir. Y espero que los gobernantes sufran cuando menos el bochorno de que otros les tengan que señalar los caminos a seguir.
Si yo fuese el ministro de Justicia o de quien dependa esta materia, haría otra cosa. Cogería a las lúcidas mentes que van al Parlamento. Los encerraría una semana en un monasterio para que suelten por esa boca lo que saben y las soluciones que tienen pensadas. Y al cabo de esa semana, tendría redactado un proyecto de ley y un recetario de medidas con su cuantificación económica. No creo que encontrar los remedios sea un problema teológico que merezca un Concilio Vaticano III. Si no se hace algo así, que me perdonen, pero ya está bien de quejas inútiles. Este cronista seguirá pensando que alguien no quiere arreglar la corrupción. Y por algo será.